Expertos alertan daños irreversibles por reforma energética

Especial

Por: Redacción

• 04/10/2021

Para los expertos, la iniciativa de reforma eléctrica es “un peligro” para la inversión y competencia en el sector eléctrico. Alarma, entre otras cosas, que pasen a la CFE las funciones de la Cenace.

De aprobarse en los términos en que está enviada se generará incertidumbre en la inversión por generar una competencia desleal a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre el sector público, representada por ella, y el privado.

Para Roxana Muñoz de AVP Analyst de Moody’s Investors Service, la propuesta de eliminar los reguladores energéticos reduce la transparencia de los costos y operación del sector, lo que afectaría la confianza de los inversionistas y deterioraría en forma marcada el marco institucional.

Y en efecto, uno de los temas de la iniciativa es desaparecer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a la Secretaría de Energía.

Por igual, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es tragado con todo y atribuciones constitucionales por la CFE.

Por su parte, Adrián Garza de VP Senior Analyst de Moody’s Investors Service, considera que la iniciativa desincentiva la inversión en energía renovable impidiendo que México cumpla sus metas en energía limpia.

Y sí, dentro de la iniciativa se propone eliminar los Certificados de Energías Limpias como un instrumento para la transición energética mexicana.

De la Gaza destaca que en el ‘corazón’ de la iniciativa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasaría a ser un ‘organismo del Estado’, con autonomía presupuestaria y administrativa, y que será el encargado de ejercer todas las actividades de la nueva industria eléctrica mexicana.

Con este objetivo de fortalecerla, se propone que la CFE genere, al menos el 54% de la energía despachada en el país, mientras que 46% podría ser asignado a privados (de haberlos).

Para Carlos Flores, analista en el sector energético, lo único ‘positivo’ de la iniciativa de López Obrador es que el Gobierno de México acepta que no puede generar por sí solo el 100% de la electricidad, lo malo es que el sistema eléctrico que propone no propicia un mercado justo que incentive invertir en él.

“Por ejemplo, si eliminas a la CRE, ahora tanto públicos como privados dependerán de las decisiones de un participante del mercado, que sería el mismo CFE, y eso rompe por completo el mercado”, subrayó.

De hecho, destaca, no hay en mercados liberalizados del mundo un participante del mercado no sea, a lavez, regulador del mercado, porque tendría claras ventajas sobre sus competidores.

“Sería un error que se llegue a implementar esta reforma. Podríamos ver mecanismos de defensa legal tanto nacionales como internacionales contra esta reforma, pero en realidad no debería aprobarse ni una sola palabra, deberían imprimirla, recortarla y tirarla al bote de basura, los mercados eléctricos más avanzados del mundo caminan hacia el futuro y nosotros apuntamos a 1970″, agregó Flores.

Para Ramsés Pech, también analista del sector energético, el Gobierno de México pretende tener el monopolio de toda la cadena del mercado eléctrico, por lo que se podrían esperar un alto número de demandas y juicios.

“La CFE tendrá el control sobre el mercado, siendo juez y parte para otorgar, despachar, y seleccionar a quién comprar el 46% restante (de la generación eléctrica)”.

De aprobarse la iniciativa, considera el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sería un retroceso histórico para el país.

Para IMCO, serían los propios mexicanos quienes habrán de pagar el costo a partir de tarifas más altas o mediante impuestos para financiar la generación del energético; daños a la salud y al medio ambiente y las consecuencias de ser un país limitado en oportunidades y crecimiento económico.

“Esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, daña al medio ambiente y atenta contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional”, señaló IMCO.

De aprobarse, la CFE tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen.

“En lugar de fortalecer a la empresa, la debilita al obligarla a realizar actividades en las que pierde recursos”, agregó.

Ahora bien, para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la iniciativa impedirá a México cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030 y, en los hechos, consumaría una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada.

“La imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del Poder Judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes”, señala el organismo empresarial.

La aprobación de la iniciativa presentada por el gobierno federal marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país, acusa el CCE en voz de su presidente, Carlos Salazar Lomelií.

“Hacemos un llamado al Poder Legislativo a reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país”, dijo.

Con información de El Financiero.

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