Más de 3 mil mexicanos en los “Pandora Papers”, entre los que se desvelan varios personajes cercanos a la 4T.

Con una filtración de más de 11,9 millones de documentos, el nuevo escándalo llamado ya como “La caja de Pandora” pone nuevamente a las élites mexicanas en entredicho. Con la única diferencia que no son solo las de antes, sino las de hoy.

No importa el tiempo ni el régimen, los más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales de sus países.

Ahora, entre más de 3 mil mexicanos que figuran en los Papeles de Pandora, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), aparecen nombres como el de Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador de Coahuila y minero de carbón, Armando Guadiana, y Julia Abdala, sí, la pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.

Por supuesto, en los documentos dados a conocer, figuran también antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto y magnates mexicanos como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.

Casualmente Julio Scherer Ibarra, el poderoso consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, renunció al cargo el pasado 2 de septiembre, con una fraternal despedida del propio presidente. Hoy su nombre vuelve a ser noticia de que en 2017 era el único propietario de una compañía domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd. Pues bien, según el registro del despacho financiero Trident, 3202 Turn Ltd tenía activos por dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.

Las acciones de la sociedad las había recibido en 2011 de una familia de empresarios de México que estaban entre sus principales clientes. De acuerdo a los documentos de la investigación (registros de accionistas, actas constitutivas, bases de datos, entre otros) esa offshore posee el 100% de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC.

Así, bajo la compañía en las Islas Vírgenes, hay otra registrada en Florida con el mismo nombre: 3202 Turn LLC. Ésta es, a su vez, propietaria de un lujoso departamento con vista al océano en una de las más exclusivas zonas de Miami. El inmueble fue adquirido en 2008 por 1.2 millones de dólares, y actualmente alcanza un valor de 1.5 millones. De acuerdo al registro oficial del condado de Miami-Dade, los impuestos de la vivienda fueron pagados por el propio Scherer Ibarra entre 2013 y 2016. A partir de ese año, lo comenzó a cubrir la empresa 3202 Turn LLC.

Y no obstante que la entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva a partir de 2019, un año después de que Scherer se integrara al gobierno de López Obrador, la compañía en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Hasta el momento Scherer ha declinado responder las preguntas de ICIJ sobre las empresas y el departamento, y sólo ha dicho que la investigación alude a un período en su carrera en el cual “no era funcionario público sino profesionista independiente”.

“Me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”. Pero no quiso detallar por qué no registró la propiedad en sus declaraciones patrimoniales al ingresar al servicio público.

Otro miembro del gabinete lopezobradorista es el ingeniero Jorge Arganis, que substituyó a Javier Jiménez Espriú en julio de 2020 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.

Entre 1998 y 2003 Arganis fue apoderado de la misma. La compañía fue aperturada con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario.

El hoy secretario Arganis ha reconocido su participación en la sociedad, pero señala por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes. “Cabe aclarar que mis recursos eran producto del ejercicio profesional en el sector privado”, también ha hecho valer. El secretario, sin embrago, agrega que aún no ha recuperado su inversión, pero no aclara si sigue vinculado a la firma ni si declaró entre sus bienes esa inversión ante autoridades fiscales mexicanas. La empresa, según se verificó, no está incluida en la declaración patrimonial inscrita por el funcionario público en la Secretaría de la Función Pública.

Otro cliente de Stanford el el priista Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Peña Nieto.Él participa en dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust. Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias, según los documentos de Alcogal, la segunda fuente más grande de archivos en la filtración.

En carta, Martínez y Martínez respondió que buscaba tener “una inversión segura en dólares” y un “rendimiento competitivo”. El político asegura que no incluyó estos bienes en sus últimas declaraciones patrimoniales porque el fraude de Stanford representó un “fuerte quebranto” para su patrimonio familiar y porque el banco ya se había declarado en quiebra, por lo que nunca pudo recuperar ese dinero. “Si hubiera alguna falta no ha sido intencional ni con propósito de omitir el cumplimiento a una obligación”, detalla.

Coahuilense también, pero de Morena, es el actual senador y empresario de minas de carbón Armando Guadiana. Él, junto a su familia aparece, también, como cliente de Stanford con un fideicomiso aperturado en 2007 en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que en propiedad 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited. La estructura fue creada a través del agente Alcogal con un depósito inicial de 250 mil dólares y el senador aparece como el único beneficiario hasta su muerte, momento en el cual sus cuatro hijos pasan a ser beneficiarios en partes iguales.

Consultado, Guadiana reconoció la creación del fideicomiso para un proyecto minero en Colombia, pero, asegura, que finalmente no invirtió en él y que nombró a sus hijos como beneficiarios “como nombra uno al papá, al hermano o a cualquier otra persona”. En los documentos realizados ante el agente financiero dijo tener un patrimonio de 28 millones de dólares, diferente a lo manifestado ante autoridades mexicanas. Por lo pronto, Guadiana sostiene que en su declaración patrimonial no aparecía el monto de esta inversión “offshore” por un “error” de sus contadores. “Me atonté en el asunto de la Declaranet”, dijo en referencia al sitio web donde realizan las declaraciones patrimoniales los funcionarios públicos.

Otro personaje cercano —a trasmano— a la 4T es la famosa Julia Elena Abdala Lemus, pareja sentimental desde hace 20 años de Manuel Bartlett Díaz, cuestionado director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien aparece aparece vinculada a Roybell International Inc, compañía creada en Panamá en diciembre de 2011 con un capital inicial de 10 mil dólares. La “empresaria”, envuelta en polémicas desde 2019 tras una investigación periodística que reveló sus variadas y millonarias propiedades, tomó el control total de la sociedad panameña en diciembre de 2017. En esa fecha se canceló el certificado previo de acciones del primer propietario y se emitió uno nuevo a su favor. Además, los directivos de la offshore le otorgaron un poder para abrir y operar una cuenta en el Bank Lyford International Band en Las Bahamas. Abdala Lemus no ha contestado ninguna solicitud de comentarios.

La lista sigue sin respiro, empresarios y aliados políticos de Peña Nieto crearon empresas o fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar fortunas, comprar inmuebles y hasta yates. Tras complicados entramados financieros ocultaron sus bienes con la garantía del máximo secreto, ya que sus nombres no aparecen en los registros mercantiles.

Entre los más allegados al exmandatario priista aparece Ricardo Pierdant, empresario que en 2014 le pagó el predial de un departamento en Miami de la entonces esposa de Peña Nieto, la exactriz Angélica Rivera, propietaria del inmueble.

Pierdant constituyó tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas entre 2009 y 2012 como un “vehículo de inversión”. Consultado al respecto negó que las compañías estuvieran relacionadas a Peña Nieto o su familia y aseguró que son cien por ciento lícitas, pero no fueron utilizadas. “Jamás han tenido actividad ni movimiento económico alguno”, reiteró.

Otro allegado a la casa presidencial, Juan Armando Hinojosa, el constructor de la polémica Casa Blanca, aparece en una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros. Carlos Peralta Quintero, uno de los empresarios consentidos de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Peña Nieto, está vinculado a tres empresas con las que pretendía, dijo, adquirir un yate y un bien inmobiliario.

El hijo de Francisco Labastida Ochoa, quien fuera candidato a la presidencia de la República por el PRI en el 2000, Francisco Labastida Gómez de la Torre, aparece vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas constituida en agosto de 2006. Labastida Gómez de la Torre quien, por su parte, fue secretario de desarrollo económico en Sinaloa en 2016, se convirtió en accionista mayoritario de la empresa Fuentes Pyasa Corp en junio de 2008 tras adquirir 20 mil acciones. Esta compañía era la propietaria de una embarcación denominada “Pez Gordo”. En una actualización hecha por Trident Trust en 2014, la empresa fue cerrada. En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación por ICIJ , Labastida Gómez de la Torre detalló que la empresa de la cual adquirió los derechos de uso de la embarcación no ha tenido operaciones mercantiles.

“Yo fui un comprador de buena fe, con la intención de comprar un paquete accionario que me ofreciera los derechos para hacer uso y disfrutar de una embarcación turística y no para llevar a cabo ninguna otra operación mercantil”.

Invertir y crear empresas en paraísos fiscales no es en sí mismo un delito. No obstante, en el menú de servicios financieros offshore que se ofertan se prima el anonimato y mecanismos legales que permiten eludir el pago de impuestos en los países de origen de quienes las crean. “Mientras entre el dinero, ellos no hacen preguntas”, señala la organización Tax Justice Project.

Y ahí lo legal y lo ilegal se confunden. “Se supone que a través de la figura del fideicomiso o de la offshore [la idea] es esconder papel tras papel tras papel a quién pertenece realmente”, dice Iván Octavio Rojas, presidente del Colegio Fiscal de México. Por su parte el abogado Luis Pérez de Acha señala que a menudo se justifican estas operaciones como “dinero legalmente oculto” para administrar un patrimonio o por cuestiones de seguridad, sobre todo en países con índices delictivos como México.

Por su naturaleza y diseño, estas estructuras suelen ser tan opacas que son campo fértil para delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y actos de corrupción. “Son empresas fantasma”, afirma Pérez de Acha, “el rastreo del dinero por parte de los gobiernos se complica bastante”. Y aunque México cuenta con acuerdos de intercambio de información fiscal con algunas jurisdicciones, como las Islas Vírgenes Británicas, es poco común que ocurran este tipo de peticiones. Fuentes diplomáticas consultadas corroboraron que es muy complicado para las autoridades mexicanas monitorear la actividad de inversionistas offshore.

Para César Catalán, portavoz del Colegio de Contadores Públicos, “en cuanto al uso, normalmente podemos encontrar a multinacionales mexicanas y también a individuos con patrimonios de alto valor”, aunque, en su opinión , “el 99%” de los casos son legales.

La mujer más rica de México, Aramburuzabala, adquirió dos aviones privados y movió al menos 40 millones de dólares al extranjero a través del Sky Chariot Trust, un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba a una empresa homónima en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva más baja EUA. La empresaria no respondió a las múltiples solicitudes de ICIJ. También utilizó otras sociedades norteamericanas y escocesas para comprar propiedades en Utah y Nueva York, con un valor conjunto de siete millones de dólares, sin que ella apareciera por nombre en los registros de la propiedad.

El empresario minero, ferrocarrilero y de cines, Germán Larrea, es el único accionista y director de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, controlaban a otras sociedades estadounidenses que son propietarias de bienes raíces en zonas exclusivas de EUA. Los apartamentos del dueño de Grupo México registrados a nombre de empresas de papel incluyen residencias en Vail (Colorado) y Chicago, entre otros, con un valor conjunto por 36.9 millones de dólares, según los archivos del despacho Trident, la mayor fuente de documentos en la filtración. El empresario no respondió a cuestionario alguno.

A una solicitud de información, la Fiscalía General de la República respondió que desde 2010 solo se ha atendido una petición de colaboración e intercambio de información judicial entre el archipiélago y las autoridades mexicanas, dos siguen en trámite desde 2018.

Según Chuck Collins, autor de Los acumuladores de riqueza, los multimillonarios pagan millones para ocultar billones y hay ejércitos de abogados y asesores que trabajan a favor del 1% más rico del mundo, con esquemas de opacidad que se han vuelto injustificables.

“Los mayores perdedores son los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes dependen de que haya seguridad social y servicios públicos de calidad”, comenta el especialista, “todo ese sistema sufre cuando los ricos no pagan su parte”.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculan que la evasión fiscal provoca pérdidas anuales del 4% del PIB en México. Todo esto en un país donde el 1% de los mexicanos más ricos concentra el 29% de los ingresos y las 50 empresas más grandes representan alrededor del 40% del PIB, según Naciones Unidas.

Por su parte, López Obrador ha preguntado: “¿cómo se puede sacar dinero de un país saqueado y llevarlo a un paraíso fiscal sin que pase nada?” Ello, “es inmoral”, dijo apenas el pasado 18 de agosto de 2020.

En enero del 220 entró en vigor una Reforma Fiscal Penal que combarte con mayor fuerza la evasión y el fraude fiscal. Se acabó “la fiesta de las empresas fantasma y el mensaje político-mediático fue muy poderoso, pero ya pasó año y medio y no ha sucedido nada”, lamenta Pérez de Acha.

A pesar de los esfuerzos por acabar con las condonaciones a los grandes contribuyentes, México sigue teniendo una tasa de recaudación de impuestos que fluctúa entre el 14% y el 17% con relación al PIB, según distintas metodologías, menos que el 22,9% que promedia América Latina y que el 33,8% de los países de la OCDE.

Ayer, en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que, tras la publicación de los Pandora Papers, “ya inició investigaciones”.

Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021

Con información de El País y Twitter.

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