Continúa la opacidad en la investigación del Caso Ayotzinapa.

El gobierno de López Obrador se comprometió a la transparencia en el caso que cimbró el espectro social y político de la nación en 2014. En este compromiso, la federación sostuvo que no se defendería a nadie y que la impunidad no respaldaría ni siquiera a miembros del Ejército; sin embargo, pareciera que la Fiscalía General de la República (FGR) no está en la misma sintonía.

De acuerdo con una investigación del periodista Silber Meza (@silbermeza en Twitter), misma que fue publicada este martes en El Universal, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero testó exageradamente documentos relacionados con el Caso Iguala, pese a que en 2015, —cuando todavía era conocida como Procuraduría General de la República— ya había emitido bajo solicitud de transparencia e instrucciones del INAI versiones públicas y legibles de declaraciones de elementos de la milicia mexicana.

A su vez, el medio indica que desde la instauración de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa se ha citado a declarar a 44 militares, de los cuales apenas 30 han acudido.

En este sentido, Silber Meza sostiene que el actual Ministerio Público pareciera mantener una postura de opacidad, pues aunque hay nueva información con base en las declaraciones de los militares, misma que El Universal solicitó en febrero del corriente, la FGR entregó 239 hojas exageradamente testadas sobre declaraciones de los militares entorno a la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" acaecida la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

En los documentos poco se aprecia, pues las declaraciones son ilegibles, las páginas en algunos casos sólo cuentan con un puñado de palabras entre sendos rayones negros, mientras que en otras hay información inconsistente y que poco aporta al espectro periodístico e informativo del caso.

A su vez, El Universal detalla que en su solicitud de información se especificó la materia informativa requerida en tres grandes rubros, misma que se sostiene viable bajo el argumento de que, sin importar las pesquisas en progreso, la investigación trata sobre crímenes de lesa humanidad, lo que impide su clasificación o reserva:

1.- El número de militares que han declarado entre el 1 de diciembre de 2018 a la fecha de la solicitud como parte de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

2.- El rango y cargo de los militares que se presentaron a declarar en dicho periodo.

3.- La versión pública de las declaraciones rendidas por los militares.

1. Solicitas la versión pública de las declaraciones de militares del caso #Ayotzinapa.

2. La FGR las niega.

3. El INAI ordena abrirlas

4. Entregan esto... pic.twitter.com/eTsOOg3Fsb

— silber meza (@silbermeza) September 28, 2021

De relevancia para esta nota es que los actuales resultados de la investigación han derivado en gran medida al involucramiento del Ejército en el Caso Iguala, como lo es la captura del “Capitán Crespo” en 2020.

En ese sentido, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, ha manifestado su descontento con la dirección del caso y ha dicho también que no hay voluntad por parte del gobierno para investigar a las fuerzas castrenses, ello a pesar de que, dice Rosales, hay un testigo que sostiene que por lo menos 25 de los 43 normalista fueron trasladados al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.

Con información de El Universal.

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