A los juzgadores, secretarios y trabajadores del Poder Judicial Federal defenestrados ilegalmente

.


Por sus actos los conoceréis, reza con sabiduría la palabra sacra.

Así es, en efecto.

El presidente López Obrador, se permitió recriminar públicamente a consejeros de la Judicatura Federal, propuesto al cargo por él mismo, por estar adormecidos y no hacer nada para “acompañarlo” en sus pareceres.

El reclamo público es una oprobiosa humillación que exige de los consejeros y del Consejo mismo un posicionamiento compatible con una mínima dignidad personal e institucional, y, de paso, acorde a la autonomía y separación de poderes que les obliga.

No hacerlo sería mantenerse en la silla cobrando desde la ignominia,

Muy dentro de sí, los tres aludidos deben sufrir una profunda ofensa.

Semanas antes, la ministra Yazmín, también propuesta por el presidente, se vio en una situación análoga y con todo aplomo y comedimiento lo puso en su lugar, y le recordó públicamente que ya no era su subalterna, solicitándole abstenerse de pretender influir en el ejercicio de su ministerio.

¡Ese es carácter con dignidad! Porque bien hubiera podido transitar de pechito, como otros.

¿Sería mucho pedir eso a los consejeros aludidos?

¡Por supuesto que no!

Al contrario, están obligados a pronunciarse y defender sus actos, decisiones, función y autonomía.

Es lo mínimo irreductible que sería compatible con la dignidad y los valores de la institución a la que sirven.

Si no lo hacen, ¿con qué cara y autoridad actuarán en ejercicio de su función judicial?

Es hora de ver de qué están hechos Loretta Ortiz, Verónica De Gyves y Bernardo Bátiz. No sólo por ellos, sino por la institución a la que sirven y el poder al que se deben

También los otros consejeros que indirectamente fueron aludidos no deben guardar silencio, como si la virgen les hablara.

Por decenas se cuentan juzgadores, secretarios y trabajadores del Poder Judicial Federal privados de sus derechos laborales en un afán de aportar cuotas de sancionados como parte de una persecución —obscena— que simula ser lucha contra la corrupción al interior de la judicatura, y que pelean dignamente por la restitución de sus derechos. Ahora son los propios consejeros de la judicatura los lastimados en su función y honra. Corresponde a ellos defenderse con dignidad, como sus compañeros lo hacen ante injusticias que ensombrecen más al Poder Judicial que la corrupción que dice combatir.

Las faltas a la judicatura no admiten pusilanimidad. La defensa pública de la dignidad del Poder Judicial Federal tampoco.

Su omisión silenciosa los ahoga penosa e indignamente.

Dan lástima, porque su condición de carniceros hoy, los habrá de conducir a ser las reses mañana; justo cuando la dignidad se vuelva a imponer en el Poder Judicial de la Federación.

Las extraviadas ofensas del presidente evidencian una incapacidad de entender las formas, hormas y normas judiciales. Y sólo el Poder Judicial las puede hacer valer, por sobre cualquier opinión o extravío.

La justicia no es de pareceres, contentillos o ideologías. Es de estricto derecho y no defender una y otro, por quienes son sus garantes, es una omisión criminal.

No aclarar paradas ni funciones es dejar minar gota a gota la base misma del Estado de Derecho y la separación de poderes y competencias complementarias que les son consubstanciales.

El absurdo es paradójico.

Comportamientos arbitrarios como los que defiende el presidente, darán lugar a ulteriores indemnizaciones, como las que ahora tanto le duele pagar.

No se puede eludir que en un Estado de Derecho hay consecuencias por las arbitrariedades que desde el poder se cometen. En lugar de fustigar al juzgador, debiera reclamar en su ramo las irregularidades o ilegalidades de sus subalternos que, ahora, le cuestan al erario.

La indemnización de mil millones de pesos que le “duele”, la deberá pagar el gobierno que él encabeza por la ineptitud de sus subalternos para resolver problemas conforme a derecho, no por irresponsabilidad o corrupción de Poder Judicial, sino del Ejecutivo que fue donde se originó el acto de autoridad ahora sancionado.

El Poder Judicial no puede acomodar sus resoluciones a las intenciones, intereses, opiniones, fobias o filias del gobernante, menos aún, cuando él o sus subalternos son parte de la Litis.

Nunca antes el Poder Judicial había sido tan humillado por cumplir su estricto deber.

Pero duele más la abstención de defender a la institución, que la calumnia en su contra.

Para el Poder Judicial es hora de sacudirse el escarnio de ser permanentemente humillado en público con reproches de corrupción sin acciones de procuración de justicia consecuentes, que algunos miserablemente consienten y callan cual momias.

Para los consejeros federales, es la hora de la dignidad y de mostrar que no existe el adormecimiento reprochado y que, en cambio, hay dignidad y honra.

Callar es consentir, en juicio y en política.

¿Será mucho pedir defender?

Ellos, con sus actos lo responderán. La historia los juzgará.

Todos protestaron cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, cumplimiento que, precisamente, se les reclama desde otro poder y ofensivamente. Defender su cumplimiento es defender la Constitución.

Suficiente es el papelón de Zaldívar, para que el Poder Judicial sigue soportando indignas afrentas.

¿Se puede ser juez de jueces desde la ignominia?

Y la ética, ¿dónde queda en todo esto?

También por ello responderán y por sus actos los conoceréis.

“Justitia est”.


Publicado en LFMOpinión.

#TheBúnkerMX
#LFMOpinion
#LoDeHoy
#Judicatura
#Ejecutivo
#PoderJudicial
#Dignidad
#Derecho
#TheBunker