Perspectivas sin Fonden

ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 4.0

Por: Redacción

• 19/09/2021

México, Tierra de Volcanes es un libro sobre la historia de México, pero también una verdad. Cerca del 40% de nuestro territorio puede ser objeto de sismos de hasta 4 grados en la escala Ricther. ¿Hay alguien preparado para enfrentar los gastos de una tragedia que abarque esa superficie?

En estudio elaborado por las secretarías de Hacienda y Crédito público (SHCP) y Gobernación (Segob), así como por el Banco Mundial (BM) y organismos internacionales, se concluye que México está catalogado como uno de los países de mayor actividad sísmica en el mundo.

El informe detalla que al año en nuestro territorio se presentan más de 90 sismos con magnitudes de cuatro o más en la escala de Richter, y cerca de 40% del territorio nacional está expuesto a tormentas, huracanes e inundaciones.

“En términos económicos, esto se traduce a que 30% del Producto Interno Bruto del país se considera vulnerable a tres o más peligros y 71% más es vulnerable a dos o más peligros”, de acuerdo al estudio.

Pues bien, aunque los sismos no tienen calendario, en México septiembre es un mes marcado por los sismos. Casualmente los de mayor intensidad han sucedido recientemente en el mes patrio: 1985 y 2017. ¿Está México preparado para otra catástrofe similar a aquellas?

Miguel Ángel Ensátigue, en investigación de El Sol de México nos dice que a la fecha, el país tiene diferentes métodos o seguros para la prevención de desastres naturales, ya sean inundaciones, terremotos, huracanes, entre otros.

Uno de ellos fue el ya casi extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), un fideicomiso creado por el Gobierno federal desde finales de 1999.

Eran sus objetivos originalmente destinar recursos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno; vivienda de la población de bajos ingresos; y ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas.

El fondo fue diseñado para ser alimentado año con año por el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin menoscabo de recibir recursos adicionales durante el año en turno.

Otra de las funciones del Fonden era transferir recursos al Fondo de Atención de Emergencias, fideicomiso con el cual el Gobierno federal dona víveres, herramientas, medicamentos, y otros artículos a la población afectada durante un desastre natural.

Para el 2022, el Fonden tendría un presupuesto de 9 mil 54 millones de pesos, pero en noviembre del 2019 el presidente López Obrador ordenó extinguirlo para ocupar sus recursos en la crisis sanitaria.

Negado a contratar deuda para contar con dinero suficiente para hacer frente a la pandemia de COVID-19, comprar vacunas, salvar empleos, entre otras cuestiones, el gobierno extinguió 109 fideicomisos y confiscó sus recursos, entre ellos el Fonden.

Todavía el pasado 8 de septiembre, el presidente López Obrador justificaba en su mañanera la desaparición del Fonden argumentando que era “un barril sin fondo”.

“El Fonden era un barril sin fondo, en cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos. Entonces, desaparece el Fonden, porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México, pero eso no significa que no se atienda”, argumento el mandatario.

Hagamos memoria, en octubre del 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que la SHCP, a la sazón encabezaba por Arturo Herrera Gutiérrez, incumplió las reglas de operación del Fonden al no demostrar el destino de los recursos y verificar la reconstrucción de obras o edificios dañados.

Herrera Gutiérrez sostuvo entonces que el fondo tenía deudas por más de 18 mil millones de pesos debido a los huracanes de años anteriores y los sismos ocurridos en 2017.

Y la propia ASF señalaba que en ese año, 2019, se autorizaron 27 solicitudes de recursos para la reconstrucción o restitución de bienes afectados por un monto de cinco mil 474.7 millones de pesos. De las 27 solicitudes autorizadas, nueve fueron por eventos ocurridos en 2019 y 18 más a catástrofes de 2018, las cuales se presentaron extemporáneamente.

Además, la ASF destacó que la SHCP no había demostrado que los bienes afectados recuperaron las condiciones operativas similares a las que prevalecían antes del desastre remediado, ni acreditó que en los trabajos de reconstrucción se incluyeron medidas de mitigación para daños futuros, mediante normas de diseño o construcción que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante futuras amenazas.

Otro de los mecanismos en México para atender una catástrofe es el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fodepren), que el próximo año tendrá recursos por 207 millones 505 mil pesos.

Este instrumento tiene por objetivo reducir los riesgos, evitar o disminuir las consecuencias de un desastre natural, sea cual sea su origen o magnitud.

Para Kaspar Mueller, presidente de Reaseguro en América Latina para Swiss Re, México ha hecho una labor importante en asegurarse o protegerse contra cualquier tipo de desastre natural.

El tema adquiere mayor relevancia y riesgo si se considera que en México sólo 4.5% de las familias cuenta con algún seguro de hogar, sin que esté vinculado u otorgado con un crédito hipotecario, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Por el lado empresarial, de las más de cuatro millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) que existen en el país, únicamente el 17% cuenta con algún tipo de un seguro para hacer frente a siniestros.

Para Erick Mitre, director del segmento de Property de Zurich México, hay seguros que, ante un temblor, inundación, huracán, o hasta lluvia con granizos, cubren los daños sufridos por el inmueble, sus contenidos e incluso las pérdidas económicas.

El especialista de Swiss Re comentó que el país también cuenta con un bono catastrófico, que sirve para cubrir las pérdidas de desastres naturales.

En marzo del 2020, la SHCP emitió un bono catastrófico que proveerá a México de una protección financiera por un monto equivalente a 485 millones de dólares contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales.

De ocurrir un desastre natural que sea elegible para la cobertura, algunos o todos los recursos del bono se depositarían en el Fonden y, según la dependencia, incluso con la extinción del fideicomiso, sigue asegurada la transferencia de recursos para un desastre natural.

“La emisión de estos bonos refleja el compromiso del Gobierno de México por proteger el bienestar de sus ciudadanos contra las consecuencias de los desastres naturales. El bono también forma parte de la estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas, dotándolo de resiliencia ante desastres naturales”, precisa la SHCP.

Cabe aclarar que en el 2006, México se convirtió en el primer país en emitir un bono catastrófico.
Para 2022, según los Criterios Generales de Política Económica 2022, México cuenta con el “Seguro de daños ocasionados por desastres naturales”.

Dicha herramienta estará vigente del 5 de julio de 2021 al 5 de julio de 2022, al tiempo que ofrecerá una cobertura hasta por cinco mil millones de pesos y se activará ante desastres naturales que superen un nivel mínimo de daños de 275 millones de pesos y un acumulable de 750 millones de pesos.

“En caso de que se materialice algún siniestro, el seguro cubriría el riesgo de una reducción en los recursos presupuestales con motivo de la atención que se debe dar a los efectos ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores”, se lee en el documento.

Recientemente México ha sido azotado por inundaciones, sequías y temblores, se carece de información oficial de los recursos y fuentes destinados a su mitigación y remediación. Hoy, 19 de septiembre, mientras a las 11:30 de la mañana se lleve a cabo un simulacro nacional de alerta sísmica, muchos compatriotas enfrentan inundaciones recientes, como la recurrente del río Tula ayer, y otras las secuelas de desastres diversos en la inseguridad de de dónde saldrán los recursos en su ayuda.

Con información de El Sol de México.

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