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Hace diez años ardía el Casino Royale con 52 personas dentro. Las llamas se extendieron por semanas en un juego de intereses que esparcieron versiones de una verdad llena de mentiras. Quizá sea momento de que se dé tiempo de ver otra faceta de esa verdad.
flickr.com / Alfredo Guerrero
Diez años son suficientes a la distancia para ponderar fríamente comportamientos ante la tragedia.
Hoy, hace una década, ardía en llamas el Casino Royale en Monterrey, llamas que avivaron también comportamientos que van desde la heroicidad y nobleza, hasta lo que usted por sí mismo podrá calificar.
Esta es la historia de las mentiras de la verdad publicada en el caso del Casino Royale.
Nuevo León salía de la profunda noche de la inseguridad. Era el 2011, las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón y acercándose la mitad del gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León. Los casinos era un tema que, desde la salida de Santiago Creel de Gobernación en busca de una candidatura fallida, estaba presente en la conversación pública. Dos de ellos, en Monterrey, adquirían triste memoria: Casino Royale y Casino Red.
Casino Royale operaba con licencia de 2007 y en 2011 construía una ampliación de casi 2 mil 500 metros cuadrados que hacía pasar por una remodelación para evitar los permisos correspondientes. La ampliación fue suspendida por el municipio (19 de mayo) y con ello entró en escena uno de los personajes más detestables de esta historia: el magistrado José Alfonso Solís Navarro, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien ordenó levantar la suspensión (31 de mayo), porque, según su resolutivo, si bien la obra no era una ampliación —sino una remodelación— la obra no pertenecía al casino, atento a las declaraciones en juicio del representante legal del centro de apuestas.
Se solicitó al magistrado una inspección ocular para acreditar que el casino en operaciones estaba separado de la obra nueva tan sólo por un muro de tabla roca (6 de junio). El Magistrado denegó la inspección a la velocidad del rayo (8 de junio). Se interpuso entonces un recurso de revisión (10 de junio).
Corrían en paralelo revisión y obra cuando dos meses después, el 25 de agosto, un grupo de personas provocó un incendio en la parte operable del Casino Royale. La historia es sobradamente conocida: 52 personas perdieron la vida porque las salidas de emergencia estaban tapiadas por tablarroca que daba a una construcción contigua. La única salida posible era la entrada principal, bloqueada por una muralla de fuego y muerte.
El otro casino, el Casino Red, carecía de licencia y su primera clausura, aún en obra negra, fue en 2010 (29 de abril). Por supuesto obtuvo del Magistrado de casa, José Alfonso Solís Navarro, la suspensión el 15 de junio del mismo año. Ya en operaciones, fue nuevamente clausurado el 15 de abril del 2011 y el Magistrado de casinos volvió a suspender la clausura el 10 de mayo siguiente. Finalmente, el 25 de agosto del 2011, casualmente horas antes del incendio en Casino Royale, el municipio clausuraba el Casino Red por tercera vez.
Formalmente el dueño del Casino Red era un tal Sergio Jacinto Gil García, a la sazón prófugo de la justicia con ficha de Interpol. Años antes, Gil había sido Director de Comercio del municipio de Monterrey (2003-2006).
El incendio del Casino Royale dio la vuelta al mundo, la indignación generalizada crecía y ello urgió a levantar piras de leña verde. De entrada se acusó al municipio de Monterrey por la omisión de dejar operar al casino sin salidas de emergencia. Quienes así lo acusaban omitían —sabiéndolo— que esa atribución legal correspondía al gobierno estatal, no al ayuntamiento (Ley de Protección Civil Estatal, Art. 26, Fracción XIX, inciso f.). La coartada, pues, no dio para mucho y apremió otra salida.
Recapitulemos: Casino Royale quemado, Casino Red clausurado y la urgencia de señalar a un villano favorito que enredara la investigación en río revuelto. Además, licencias de casinos que se otorgan y regulan desde la Secretaría de Gobernación en el gobierno federal y un giro que maneja montos importantes de efectivo y, en no pocos casos, redes de dudoso proceder, como la del Magistrado Solís Navarro. Intereses sobraban para orientar una investigación que pudiese alterar los hilos en la telaraña del poder en su favor. Caja China, le llaman algunos.
Y así llegamos al 31 de agosto, seis días después del incendio provocado en Casino Royal. Ajeno a cualquier investigación y autoridad, por obra y gracia del Espíritu Santo, de la nada, “surgen” —así lo consigna una nota— tres videos con más escándalo que información. Con ellos se construye una “verdad” que habría de cambiar la temática del casino reducido a cenizas con 52 seres humanos adentro, a la de un extorsionador vendedor de quesos: El Quesogate, le llaman aún en día.
La nota en el periódico —imposible no explicitarlo— iba firmada por el “Staff”.
Tres videos y decenas de fotografías que, según la nota, muestran a una persona en “al menos” tres casinos de Monterrey —sin nunca mencionar cuáles— en los últimos tres meses recibiendo fajos de efectivo.
La información pasa luego e inopinadamente a informar de “versiones” que asocian, sin diferenciar, el “pago de piso al crimen organizado” con “extorsiones por las autoridades”, como si se hablase de un mismo proceder y un solo sujeto. Exigencias que —desliza la nota— “parecen” haber crecido en intensidad, para así embutir con calzador que días antes al ataque del crimen organizado al Casino Royale, dueños de diferentes casinos “reportaron” que “estaban siendo extorsionados con amenazas de clausura —acto de autoridad administrativa— e, incluso, hasta de incendiarles el local —delito de crimen organizado—”, en una conexidad que espanta por confusa, temeraria y perversa.
Reportes, se apura a atajar la nota, que no fueron denunciados por temor de los nunca identificados casinos. Luego entonces, ¿cómo los reportaron? ¿A quién?
Los videos, dice la nota, “aparentan” ser cobros constantes a casinos. El más reciente fue del viernes 19 de agosto, seis días antes del ataque a Casino Royale. La fecha del video y la mención del casino no llegan, sin embargo, a trabar relación alguna, quedan en simple y siniestra insinuación, sin que jamás se afirme que el personaje en videos y fotografías pisó alguna vez el Casino Royale.
El Staff se cuida de omitir dónde fue filmado el video, pero deja como sugerido que días antes de la masacre en el Casino Royale, la persona en los videos salió —no se sabe de dónde— con un fajo de billetes “mas grande” de los registrados en las imágenes de “otras” transacciones. La cantidad “estimada” —por el propio Staff— era de 400 mil pesos.
El segundo video, según la nota, data del 30 de mayo, omitiendo una vez más el lugar de su filmación, pero ¡oh coincidencia! Cinco días después que un comando de treinta integrantes ingresará a balazos la madrugada del 25 de mayo a cuatro diferentes casinos, a los que identifica sólo por mantener disputas legales con el municipio de Monterrey, sin explicitar en qué consisten éstas. Queda claro que el mensaje era ligar video, agresión y ayuntamiento, sin mayor relación de causa efecto.
El tercer video es del 20 de junio en otro indefinido casino, pero recibiendo billetes. La nota cierra con otra del 2006 sobre un accidente automovilístico sin daños que lamentar del personaje a cuadro, “presuntamente”, en estado de ebriedad y finalmente con una información sobre la investigación de las autoridades competentes: la investigación apunta a pago de cuotas a la delincuencia organizada, lo que en estricta lógica contradice la nota misma que, no obstante, la deja envuelta en su densa bruma.
Tres videos y decenas de fotografías que surgen de la nada, versiones, tan inaprehensibles como el Staff que las barajea; reportes que nunca fueron, aviesa confusión entre acto de autoridad y crimen; apariencias, estimaciones, presunciones.
Tres videos y una historia a modo sin ningún elemento de tiempo, modo y lugar, pero efectiva para sembrar una narrativa de fajos de billetes periódicamente recibidos, cómplices, soborno, extorsión, clausura, cobro de piso, incendio, masacre.
Al día siguiente otra nota cerró el círculo de la insidia. Para ello la divina providencia proporcionó otro video al Staff. El video se data el 25 de mayo, tres meses antes del incendio provocado en el Casino Royale y se ubica en “un casino” indefinido, donde se observa ingresar un comando armado a “esa misma casa de apuestas”, a hacer destrozos y lanzar amenazas. La nota asegura que el mismo día y, se supone, el mismo grupo, repitió la agresión en al menos otros tres casinos, sin aportar mayores datos, salvo que la acción fue para amedrentar a los propietarios y obligarlos al pago de cuotas.
Si recordamos bien, la agresión ya había sido informada en la nota del día anterior, pero hoy se recupera en video para ligarla a que cinco días después, 30 de mayo, el personaje señalado en los videos había sido grabado “en uno de los casinos atacados”, recibiendo dinero y, aunque el inculpado negaba la extorsión y alegaba la venta de comida oaxaqueña, la “percepción”, según el Staff, era ya “unánime”: “los cobros documentados en videos evidencian actos de corrupción entre los casinos y la autoridad municipal”.
Rodrigo Medina, entonces Gobernador de Nuevo León, presuroso hizo suya la percepción unánime y de la presunción de inocencia y del Estado de Derecho dos coloridos reguiletes. Para el titular del Poder Ejecutivo, las imágenes, “demuestran en primera instancia complicidad y corrupción (…) más ahora en donde tenemos un trágico acontecimiento en el que perdieron la vida 52 personas” (1º de septiembre).
Así, sin más investigación que dos notas periodísticas y cuatro videos surgidos de la nada, la persona en el video fue arraigada por los presuntos delitos de delincuencia organizada y cohecho. La ira popular ya lo había condenado desde el mismo día que corrió la historieta.
La “percepción unánime”, sin embargo, se cuidaba de no mencionar que el Magistrado José Alfonso Solís Navarro había renunciado silenciosamente el sábado 27 de agosto, dos días después de la masacre; que el domingo 28, en la Macroplaza, manifestantes gritaron consignas contra el Gobernador y el Presidente de la República por su estrategia contra el crimen organizado y exigieron el cierre de casinos en Nuevo León; que el 30 de agosto, un día antes de la primera nota de los videos, el propio Gobernador Medina y el Procurador del Estado (Adrián de la Garza) informaron la detención y confesión de cinco de los responsables materiales del incendio en el Casino Royale, presentando los vehículos utilizados, los videos de su llegada, crimen y fuga, las pruebas periciales dactilares en los vehículos, el móvil: cobro de piso, y la confesión de pertenecer al grupo del crimen organizado de Los Zetas. "Todos ellos están confesos de haber participado en este multihomicidio, aseguró Medina, pero, además, la Procuraduría General de Justicia cuenta con elementos científicos suficientes para demostrar la participación de todos y cada uno de ellos en este atentado". El 31 de agosto, día en que se publica la primera nota de los videos, el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel, declara que en el 2003 había revocado el permiso de la empresa dueña de Casino Royale para operar, pero que entre el 2006 y 2009 las nuevas autoridades, no sólo lo volvieron a conceder, sino que entregaron a esa empresa 41 permisos más.
La persona en el video, no obstante, fue arraigada y lapidada en los medios. Las notas principales obviaron a los detenidos y confesos ante autoridad competente para poner todos los reflectores sobre él y los videos.
El Staff, por cierto, manejó ambas notas como universos aparte. Jamás ligó, ni por simple referencia, una investigación con otra.
Pero las propias diligencias fueron desmintiendo una a una las aseveraciones en contra del hombre en los videos. Los peritajes probaron que los tres videos eran tres tomas diferentes de un mismo evento, día y pago por sólo 12 mil pesos, no 400 mil, y que las decenas de fotografías habían sido sacadas de los mismos videos. Los tres videos de un mismo evento fueron filmados en el Casino Red —propiedad del prófugo Sergio Gil—, no en el Casino Royale, y la fecha de su toma no era el 30 de mayo, sino el 19 de agosto.
Se probó también que el pago fue por la venta de productos alimenticios de origen oaxaqueño, que el señor Sergio Gil —supuestamente prófugo de la justicia e ilocalizable— los compraba al sujeto de los videos, a quien conocía por haber trabajado en la misma administración municipal de Monterrey del 2003 al 2006.
También se acreditó que en total fueron tres pagos por 5 mil, 6 mil y 12 mil pesos, respectivamente; que los “fajos de billetes” eran pesos de baja denominación (cien y doscientos pesos), no dólares; que a la persona que sale en los videos recibiendo el dinero se le pedía entregará los productos en las oficinas de Gil, sito en Edificio Avalanz, Colonia Valle Oriente de San Pedro Garza García, pero que cobrará su contraprestación en las instalaciones del Casino Red. De los tres pagos, sólo se filmó el último de 12 mil pesos el 19 de agosto. ¿Por qué?
La persona de los videos estuvo arraigada 48 días. A lo largo de ellos ninguna de las líneas de investigación en su contra se pudo sostener. Al vencer el arraigo y no haber elementos para poderlo prorrogar, de la nada, como los videos y las notas, “surgió” una denuncia por chantaje que se integró aceleradamente y, con ella, pudo la autoridad consignarlo. A nadie importó, empezando por la autoridad misma, encargada de procurar justicia, que la denuncia hubiese sido presentada por un prófugo de la justicia, formalmente dueño del Casino Red, nuestro conocido y misterioso Sergio Gil.
El prófugo Gil al fin mostraba la cara en este entuerto, denunciaba chantaje y sostenía haberle pagado un millón de pesos al sujeto de los videos. Según Gil, aquél se apersonó en el Casino Red el 15 de abril, día de la segunda clausura, junto con las autoridades municipales y le exigió un pago de 300 mil dólares a más tardar el 7 de mayo y 30 mil dólares mensuales de ahí en adelante para levantar la clausura al establecimiento.
Tomemos nota, ya no estamos hablando del Casino Royale, ni del 25 de agosto, ni de la muerte de 52 personas calcinadas, ni de la extorsión para no quemar el lugar, ni de la cuota de piso, ni del soborno periódico, ni de malvados cómplices, ni de fajos de billetes videograbados. Nadie registró el giro que tomaba el asunto, todos compraron el chantaje denunciado por un prófugo de la justicia.
El denunciante, sin embargo, no sabía que el 15 de abril de 2011, fecha del supuesto chantaje, la persona a la que denunciaba no se encontraba en Monterrey.
Y aquí da otro salto mortal la historia, digno de estudio en las escuelas de periodismo. La discusión, que ya para entonces había derivado de los 52 muertos en el Casino Royal a chantaje en el Casino Red, pasó a falsificación de boletos de avión. En el pedir está el dar y el Ministerio Publico, a petición del prófugo Gil, preguntó a Viva Aerobus si la persona en los videos, bajo su nombre completo (nombres primero y segundo y apellidos paterno y materno), había viajado en cualesquiera de sus vuelos y destinos entre el 15 de marzo al 6 de mayo de 2011. Lógico, la contestación fue no, e, igual que los videos, “surgió” en nota del Staff al día siguiente bajo el título: “Falsea X viaje a Oaxaca”. Hasta ese nivel de ignominia llevaron a la opinión pública en inducido olvido de 52 vidas humanas perdidas en el Casino Royale.
Cuando, a petición del imputado, el Ministerio Publico preguntó a Viva Aerobus con fechas, números de vuelos y reservaciones, orígenes y destinos, además de las listas de pasajeros correspondientes, apareció con nombre y apellido paterno volando de Monterrey a Oaxaca el 4 de abril de ida y con regreso el 2 de mayo de 2011.
Además, las llamadas del celular del consignado lo ubicaban en roaming desde Oaxaca durante el mismo periodo de tiempo. Todas sus llamadas del día 15 de abril salieron desde Oaxaca. Pero la inventiva del prófugo Gil no conocía límites y volvió a cambiar la narrativa.
Ahora el acento se puso en que el 23 de agosto, dos días antes del incendio en Casino Royale y de la tercer clausura del Casino Red, la persona en los videos había llamado para amenazar con cerrar el lugar de no pagársele los montos exigidos y que el día 25, horas antes del incendio en Casino Royale y después de haber clausurado el Red, había llamado a su ¡hermano! Muy atrás, en el olvido sideral, quedaban los muertos; el tema era cómo dos hermanos osaban hablarse por teléfono ese día y a esa hora.
Cuando el prófugo Gil vio que su querella tampoco tendría destino, se desistió de ella con independencia a que el Ministerio Público dictara el no ejercicio de la acción penal contra el indiciado, absolviéndolo de todo cargo.
Conviene explicitar, el sujeto en los videos fue arraigado para investigarlo sobre el Casino Royale, no se le encontró nada que lo incriminara. Y si bien fue consignado por querella de chantaje al Casino Red, tampoco se le pudo acreditar ilícito alguno. Finalmente, en las largas investigaciones y juicios sobre el incendio en el Casino Royale jamás volvió a ser mencionado.
El daño, sin embargo, estaba hecho. El arraigo y la consignación estigmatizaron su nombre y honra, acabaron su peculio y quebraron su negocio. Públicamente era repudiado, un paria. No hubo nota ni Staff alguno que informaran su inocencia, que desmintieran la infamia. Nada hasta la fecha.
En la nada quedó la renuncia sigilosa del Magistrado Solís Navarro, que Protección Civil del Estado autorizó la operación del Casino Royale el 5 de septiembre del 2007, antes de que el Ayuntamiento otorgara la licencia de uso de suelo y que las actas de visita de inspección al casino se mantengan desde entonces bajo reserva de ley; que el propio Director de Protección Civil declaró ante el Congreso del Estado que sólo revisó físicamente el establecimiento en una ocasión en ¡septiembre del 2007! Que en la cárcel hay 9 personas sentenciadas por homicidio calificado y agrupación delictuosa, y ninguno tuvo nunca relación alguna jamás con el personaje de los videos, que peritajes de la extinta Procuraduría General de la República determinaron que las instalaciones del Casino Royale no cumplían con las medidas necesarias de seguridad y, a pesar de ello, se exoneró a los funcionarios de Protección Civil del Estado y a los dueños del establecimiento. Que la masacre de 52 personas haya terminado caricaturizada en una historieta llamada Quesogate.
Tres cabos sueltos persisten: ¿Qué llevó al prófugo Gil a salir de su madriguera para involucrarse de lleno en esta historia? ¿Qué incitó a un medio a comprar su embuste y volcarse de cabeza en su cobertura? ¿Qué queda de la ética periodística detrás de esta otra faceta de la historia?
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