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Duro el papel de Olga Sánchez Cordero ayer, ante un foro de la Asociación Mexicana de Juzgadoras sobre el tema de desaparición forzada, cuando desde Palacio se acusa al Poder Judicial en pleno de "podrido". México, dijo, tiene esperanza y busca la verdad.
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Doña Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, inauguró ayer las “Primeras Jornadas de Discusión: la desaparición forzada a la luz del parámetro de control de regularidad constitucional”, bajo el auspicio de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras. En su alocución, la funcionaria, recordó que al orden constitucional se incorporó en el año 2011 la obligación a cargo de toda autoridad, en el ámbito de sus competencias, de ajustar su actuación al contenido de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y de favorecer siempre y progresivamente la protección de las personas.
Obligación de la que no escapan los juzgadores al impartir justicia, toda vez que en ello inciden tareas como la prevención, sanción y combate a la impunidad del delito de desaparición forzada, así como las acciones de búsqueda, atención y reparación integral del daño.
Corresponde al Estado mexicano garantizar los derechos humanos para que sean las instituciones que lo conforman las que prevengan, atiendan y resuelvan dicha problemática.
“México —dijo— tiene esperanza y busca la verdad. Que este sea el timón con el que se navegue hacia un sistema en el que prevalezca la justicia”.
Pero el fenómeno de desaparición forzada está prácticamente en todo el país, se presenta en múltiples formas, bajo diversas formas de organización criminal y afecta a más de 90 mil 600 personas.
Para la secretaria de Gobernación y exministra de la Corte, la desaparición forzada “es consecuencia de una política fallida que dejó de lado a la justicia como uno de los ejes fundamentales de la gobernanza”.
Y sí, todo es producto del pasado, más en materia de justicia que revisa y sanciona conductas efectuadas. Pero si todo es consecuencia de algo acontecido, su atención y solución corresponde al presente. Para ella la política fallida del pasado dejó de lado la justicia como eje fundamental de la gobernanza, pero los desaparecidos siguen en espera de justicia hoy.
Con información de El Universal.
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