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Informe de Global Finance Integrity exhibe a cinco políticos mexicanos como magnates inmobiliarios en Estados Unidos: Javier Duarte, Yarrington, García Luna y los Murat, padre e hijo, acopian acres de propiedades lavando dinero de dudosa procedencia.
Especial
El organismo Global Finance Integrity (GFI por sus siglas en inglés) ha publicado un informe desde su sede en la ciudad de Washington por el cual revela cómo Javier Duarte, Genaro García Luna, Tomás Yarrington, José Murat Casab y su hijo, Alejandro Murat, adquirieron bienes en Estados Unidos con recursos de dudosa procedencia.
La información ha quedado consignada en Proceso y describe el fétido mundo del lavado de dinero a nivel global, donde, para nuestra vergüenza, algunos de nuestros políticos se sitúan dentro de los tres primeros lugares de desvío de dinero a compras inmobiliarias, con predilección en Estados Unidos.
De la investigación se desprenden nombres de políticos famosos y, ahora más, por sus andanzas inmobiliarias en el vecino país. Al menos cuatro exfuncionarios y funcionarios públicos adquirieron bienes en Estados Unidos con recursos de dudosa procedencia. De ellos, dos siguen en activo en la política actualmente, padre e hijo, de apellido Murat, el padre encabeza la Fundación Luis Donaldo Colosio, aunque no se le conoce documento académico alguno a lo largo de su extensa vida burocrática, y el hijo cobra como gobernador en el estado de Oaxaca y consentido de López Obrador, no obstante su filiación priista.
El informe lleva por título: “Acres de Lavado de Dinero: ¿Por qué las inmobiliarias estadunidenses son el suelo de la Cleptocracia?”, y en él aparecen Javier Duarte, exgobernador de Veracruz; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón; José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, y Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador de Oaxaca.
De todos ellos, Yarrington y García Luna están sujetos a proceso en Estados Unidos y Duarte purga condena en México, si bien su esposa vive quitada de la pena en Londres.
Pero todos ellos transfirieron dinero a Estados Unidos para lavarlo a través de la compra de bienes raíces: “En al menos cuatro casos, funcionarios mexicanos de alto rango acusados de corrupción y malversación de fondos e inexplicable riqueza, adquirieron bienes raíces por valor de millones de dólares en los Estados Unidos”, subraya el informe en cuestión.
Duarte de Ochoa compró tan solo 90 propiedades en México. Además, adquirió propiedades en España y Estados Unidos de 2006 a 2014, periodo en el que, con ayuda de abogados y socios comerciales estableció una “compleja red de empresas fantasma en Texas, Delaware y Florida”, detalla el informe de GFI. Su “imperio” incluía edificios comerciales en Florida y una mansión en Miami de 150.98 millones de pesos, pagados en efectivo.
Son alrededor de 30 casas de Miami que se vendieron y compraron varias veces para ocultar el origen del dinero y la titularidad de la propiedad.
El caso de García Luna, preso actualmente en Nueva York por sus vínculos con el narcotráfico, el reporte menciona un yate de lujo y una propiedad en Golden Beach, Florida, con valor de más de 65 millones de pesos.
Se le detectaron por igual un negocio comercial en Aventura, Florida y varios condominios con valor de 99 millones de pesos.
Todas estas propiedades fueron registradas a nombre de sus abogados, así como de socios comerciales.
De los Murats, el Informe de GFI refiere que José y Alejandro, padre e hijo, poseen al menos seis propiedades en Estados Unidos, con valor de más de 119 millones de pesos. Los inmuebles se encuentran en las ciudades de Nueva York, Florida y Utah.
Atento al reporte, la mecánica Murat consiste en ocultar las propiedades a través de empresas fantasma “registradas a nombre de amigos y familiares, incluido uno de sus hijos, quien era menor de edad al momento de la compra”.
De Yarrington, preso en una cárcel de Texas y exgobernador de Tamaulipas, extraditado desde Florencia a Estados Unidos por el gobierno italiano, el informe menciona que compró propiedades con dinero de sobornos recibidos del narcotráfico en Texas, Port Isobel y South Padre Island.
Además, refiere que, entre 1998 y 2012, el exmandatario tamaulipeco, quien se declaró culpable, usó compañías fantasma registradas a nombre de asociados para asegurar millones de dólares en préstamos para poder comprar propiedades y pagar el mantenimiento y reparación de estas.
Con Información de Proceso.
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