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Zaldívar recula antes de perder votación

Tras jugar al gato y al ratón, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, anunció que no aceptará la prórroga de su mandato al frente de la Corte, lo hace cuando sabe perdida la votación. Pasará a la historia bajo el estigma de la Ley Zaldívar.

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Por: Redacción
  • 06/08/2021

Finalmente, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, anunció que es su decisión personal no prolongar su presencia al frente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni del Consejo de la Judicatura Federal.

Ello no será impedimento para que la Corte resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto transitorio por el cual se pretendió prolongar una elección y periodo que solo corresponden determinar al pleno del máximo tribunal y su ley reglamentaria.

Es de celebrarse la determinación del ministro presidente, más no así su oportunidad.

Me explico, Zaldívar pudo ahorrarle al Poder Judicial, a su persona y a México todo un desgaste innecesario y peligroso.

Si desde un principio nos hubiese compartido su parecer de no aceptar, por lo que hace a su persona y circunstancia, la prórroga diseñada con dedicatoria ad hominen, México no se hubiese visto polarizado y desquiciado con todo tipo de lecturas y muchas investiduras e instituciones no se hubiesen visto restañadas. Como sucedió.

El intento legislativo de intervenir por arriba de la división de poderes y autonomía de órganos fue una apuesta tramposa y peligrosa. Esperemos la Corte le dé puntual sepultura.

Si nos hubiese avisado que en su fuero interno él no buscaría que se aplicara en su beneficio el artículo transitorio en cuestión, toda la presión, repetimos innecesaria, no hubiese existido y como un trámite más la Corte hubiese procesado el control de constitucionalidad sobre un precepto que en los hechos resultaba ya rebasado.

Pero no, Zaldívar jugó al gato y al ratón, aprovechó los tiempos para generar una pompa de jabón, e incluso propuso una consulta extraordinaria, aunque legalmente procedente, entre los ministros del pleno, antes de dejar correr las veces de las acciones constitucionales que en contra de la prórroga de su presidencia se habían interpuesto.

Su nombre mismo ha tenido que pagar los costos de esta charada. “Ley Zaldívar” se le llama a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero no por sus merecidos méritos, sino por el dispositivo que en su beneficio personal y desdoro se introdujo subrepticiamente y a último momento, sorprendiendo, incluso, a los senadores con una votación desde un principio cuestionada y reprobada.

Ahora bien. Si no fue entonces, salvándonos con ello de este lamentable episodio en la vida nacional y judicial de México, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió?

En los hechos solo los directamente involucrados lo saben y, tal vez, alguno lo narre en sus memorias, pero es de presumir que algo sucedió o estaba a punto de suceder que disparó el sorpresivo cambio de postura de Zaldívar.

Ayer se admitió a trámite por el ministro Franco González Salas la segunda Acción de Inconstitucionalidad en contra del décimo tercero transitorio de la ley reformada. Esta segunda Acción de Inconstitucionalidad fue promovida por 200 diputados federales y se suma a la primera de la autoría de los senadores denominados del Bloque de Contención, integrado con los representantes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la cámara alta.

Algo más se desprende del acuerdo de admisión: si bien está también la consulta extraordinaria propuesta por el propio Zaldívar, el ministro Franco determinó que consulta y la Acción de Constitucionalidad son dos procedimientos diversos, que no se pueden acumular, ni menos determinar precedencia de resolución de uno sobre otro, así que ambos procedimientos seguirán su suerte por cuerdas separadas.

De ahí que sea dable pensar que Zaldívar estiró la cuerda hasta el último momento buscando construir al interior de la Corte los votos suficientes para que la prórroga procediese. Y una vez que vio que todos sus esfuerzos y presiones fueron nulos, solicitó un desayuno con el presidente López Obrador para informarle el fracaso de su encomienda.

Ello se da inmerso en la crisis institucional que llevó a cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a deponer al magistrado presidente en funciones y nombrar uno substituto. Evento que sin duda cimbró los fundamentos más profundos del Poder Judicial y que Zaldívar ha de haber leído son suma preocupación. Como ministro presidente recae en él el sano transcurrir institucional y jurisdiccional de uno de los poderes de la Unión, y devenía ya intransitable una nueva crisis en este preciso momento en que se tienen que resolver las impugnaciones de todas los comicios y el tema de la prórroga de mandato de su propia presidencia, ambas cosas en unos cuantos días y con la casa en llamas.

La circunstancia no aguanta un ínfima de presión adicional. Lo planteado ayer por el presidente López Obrador y el presidente removido del Tribunal Electoral, llamaban a la renuncia de todos los magistrados de la Sala Superior, última y definitiva instancia en la materia. Llevar el problema a esos extremos era condenar a México a una crisis constitucional y defectos imposibles de calcular, ante la perspectiva de que no se instalase el Congreso de la Unión en periodo ordinario, ni entrasen el funciones Congresos locales, ni tomasen posesión miles de ayuntamientos electos, ni 15 gobernadores.

Hoy por hoy, el Poder Judicial debe de apagar su fuegos, muchos avivados aviesamente, y garantizar a México la pervivencia de su régimen constitucional. Así de grave es el problema.

Zaldívar hoy podrá alegar lo constitucional e institucional de su decisión, pero sus actos lo condenan. Circunstancialmente hablando, se retira para no perder una votación histórica en el pleno.

¿Quién gana de este lamentable desaguisado? México, el Poder Judicial, la sensatez, la rectitud, la Constitución, la razón.

¿Quién pierde? Todos, porque dedicamos nuestros días y horas a un ejercicio de oscuros propósitos, a discusiones absurdas y descalificaciones generalizadas que no suman más que desprestigio al propio Poder Judicial, ya de suyo bajo asedio desde dentro y desde fuera.

El triunfo, tardío, no por ello deja de ser trascendental. Seguramente la Corte habrá de determinar que no se pueden prorrogar mandatos electivos por el expediente tramposo, oscuro y escondido de legislaciones transitorias.

México debe celebrar y en grande.

Todavía hay salvaguardas institucionales, políticas y sociales efectivas contra la malversación del poder.

¡Enhorabuena!

Aunque en ello se cuelgue una medalla quien jamás la merecerá.


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