El gas, cada vez más explosivo
El tema del gas LP escala el conflicto, distribuidores de gas se deslindan de concesionarios y distribuidores, aunque se oponen a la fijación de precios máximos. En Baja California, nuevos jugadores denuncian a quienes controlan el mercado.
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Y el tema del gas LP se sigue complicando. En el valle de México las gaseras se deslindan del paro de repartidores.
Al menos ocho mil pipas se declararon en suspensión de actividades para surtir gas a clientes no prioritarios, pero la Asociación Mexicana de distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas A. C. (Amexgas), lanzó el siguiente comunicado a través de sus redes: “Los Empresas distribuidoras del Valle de México se deslindan de las acciones de Grupos de Comisionistas independientes, que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieren gas”, dijo el organismo en Twitter.
El paro dio inicio este pasado martes, principalmente en la Ciudad y Estado de México, sumando cerca de 8 mil unidades (pipas) que dejaron de surtir gas a sus clientes.
Fue la semana pasada que la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se establece la
regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo, atento a la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor emitida, a su vez, por la
Secretaría de Energía (SENER).
La medida disparó el paro de gaseras en la Ciudad de México, Estado de México y de Hidalgo, a los que se esperan se sumen más en diversas partes de la nación.
Si bien Amexgas ha expresado sus discrepancias con el acuerdo de la CRE, se deslinda formal y públicamente del paro de concesionarios y repartidores.
“Con la implementación del control de precios de Gas LP, los distribuidores hemos comunicado a las autoridades los
riesgos y afectaciones implícitos y nuestro interés en coadyuvar en una solución integral que si resuelva el problema de fondo en beneficio de los consumidores”, indicó el organismo.
Mas al norte del país, los enfrentamientos entre gaseros se catapultaron también por la fijación de precios máximos del combustible, aunque se expresan en lo que más bien parece ser un pleito por el mercado.
Para la empresa sonorense
Blue Propane, el tope de precios al gas LP es una medida correcta y podría a ayudar a disminuir los costos del combustible en las colonias populares de distintas ciudades del país.
La gasera Blue Propane respalda así la medida dictada por el gobierno de López Obrador, en voz de su presidente
Jorge Alberto Elías Retes: “Es una medida necesaria sobre todo porque beneficiará a las familias más pobres. El gas LP es un insumo básico para el desarrollo de las familias y no puede seguir permitiéndose que los
empresarios monstruos del gas en México sigan exprimiendo el bolsillo de las familias. El Presidente hace lo correcto y por eso en Blue Propane lo respaldamos”, afirmó.
Al parecer de Elías Retes, “en Tijuana, por ejemplo, las empresas del
Grupo Tomza y Zeta Gas, han sido obligadas a bajar los altísimos precios hasta en un 30% gracias a la medida anunciada por la CRE, donde sin duda alguna quienes más se benefician son las familias más humildes”.
Y ya envalentonado, el empresario gasero presentó una denuncia ante
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por prácticas monopólicas, distorsión del mercado y delitos contra la economía doméstica, en contra de las empresas
Zeta Gas y Grupo Tomza, de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito.
Según su denuncia, tanto autoridades estatales, del Ayuntamiento de Tijuana y hasta la misma Fiscalía General del Estado, de la mano de dos asociaciones civiles, han venido operando como brazos del monopolio de Zeta Gas y Grupo Tomza, para evitar que nuevas empresas entren al mercado en la ciudad fronteriza.
“La denuncia que interpusimos ante la COFECE explica que los denunciados se encuentran implementando dolosamente juicios, acciones, omisiones, procedimientos y denuncias con el fin de establecer
barreras a la competencia y la libre concurrencia con las que pretenden propiciar practicas desleales y monopólicas, situación que también ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador al mencionar que hay
cinco familias en el país que tienen cooptado el mercado”, al decir de Elías Retes.
En Baja California desde hace 20 años, 12 integrantes de la familia Zaragoza Fuentes mantienen el control de 58 permisos de almacenamiento, expendio, distribución y transporte de gas licuado de petróleo y se sabe, por datos de los registros públicos que, del total de permisos en Baja California, el 63% está vinculado con algún integrante de la familia Zaragoza.
La denuncia de
Elías Retes fue presentada ante la COFECE este pasado 3 de agosto, misma que fue admitida por prácticas monopólicas en el mercado del gas LP en el estado de la Baja California. Prácticas monopólicas donde estarían involucrados los grupos empresariales Zeta Gas y Grupo Tomza, de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, además de autoridades estatales y municipales como la Secretaría Economía Sustentable y Turismo del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento de Tijuana y las asociaciones civiles “
Retos y Logros Cumplidos” y “
Por la Seguridad e Integridad de Tijuana”.
Los denunciados son acusados de operar una red de estrategias jurídicas, mediáticas y políticas para establecer barreras a la libre concurrencia, así como de delinquir contra la economía familiar.
Desde hace más de cinco años, Jorge Alberto Elías Retes ha intentado instalar diez estaciones expendedoras de gas LP en la ciudad de Tijuana, y a pesar de contar todos los permisos que emite la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), no ha logrado iniciar operaciones.
Su representante legal señala nexos de la familia Zaragoza con autoridades del ayuntamiento de Tijuana que han establecido reglamentos por encima de la propia legislación federal en la materia, presentándose en los hechos una invasión de funciones federales por parte del municipio.
Blue Propane solicita en su denuncia dar vista a la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que investigue de dónde obtienen el financiamiento asociaciones civiles como Retos y Logros Cumplidos y Por la Seguridad e Integridad de Tijuana por acciones que no solo pueden ser constitutivas de faltas administrativas y penales, sino por la contratación de desplegados y notas periodísticas en medios de comunicación locales y nacionales.
Con información de
El Sol de México,
Publimetro y
La Prensa.
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