Los demonios andan sueltos rondando la consulta popular. A favor y en contra, con el INE de por medio y la ciudadanía por objetivo. Para unos hay que irnos acostumbrándonos, para otros el INE no le echa ganitas, algunos más dicen que es intrascendente.
Twitter: @JulietaRamirezP
La semana empezó con la consulta popular por delante. El responsable de la Comunicación Social del gobierno federal, Jesús Ramírez, amaneció ponderándola como “la entrada de la ciudadanía a los temas públicos”, por lo que, nos anuncia, “será necesario irse acostumbrando” a ellas.
Por otro lado, Xóchitl Zagal, secretaria de Organización de Morena, se lamenta que el Instituto Nacional Electoral (INE) solo publicite durante 18 días la consulta, además de que será hasta el 29 de julio cuando dé a conocer dónde serán instaladas las casillas.
El INE, por su lado, sostiene que no le autorizaron recursos para la dichosa consulta.
Como sea, Morena requiere de al menos 17 millones de mexicanos más de los que votaron por él y sus aliados el pasado 6 de junio para que la consulta que dice ser sobre el juicio a los expresidentes, aunque la pregunta nada diga de ello, sea vinculante. Incluso, teme que priistas y panistas salgan a votar en defensa de exmandatarios de sus corrales, y así lograr el 40% de la participación ciudadana que se requiere. Con la salvedad de que uno es el porcentaje de participación ciudadana, y otro el resultado, ya que para que la consulta pudiese tener efectos vinculantes se requiere un 40% a favor de la pregunta que, repetimos, no pregunta nada en concreto.
En ese tenor, para los expertos en derecho, José Elías Romero Apis y Diego Fernández de Cevallos, desde el punto de vista jurídico, la consulta popular del próximo 1 de agosto no tiene ninguna trascendencia.
La Constitución establece que para que el resultado de la consulta sea vinculatorio debe participar a favor al menos 40% de los electores; es decir, unos 37.5 millones de ciudadanos.
“Muchos juristas consideramos que cualquiera que sea la respuesta ciudadana, no puede ir en contra de la ley”, expresó Romero Apis. “Preferentemente una consulta ciudadana se hace cuando es algo no previsto por la ley, pero la ley presente tiene un mandato y eso no lo puede cambiar la ciudadanía” y menos por una consulta popular, agregó.
Con información de El Economista y Milenio.
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