De devoluciones en caliente de migrantes, sin el debido proceso de ley en la frontera sur y estaciones migratoria acusa a México el Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos. Preocupa se privilegie la presencia militar en tareas migratorias.
Pendiente
No morían los ecos de los aplausos cautivos en el patio de Palacio cuando cayó el balde de agua fría. La señora Piedra, como de costumbre, ni enterada está.
El tema es de Derechos Humanos, su origen la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el asunto: acusación a México de realizar “en caliente” devoluciones de migrantes en la frontera sur y desde aeropuertos.
En nota de Reforma y pluma de César Martínez, se comunica que Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DICH) sostuvo: "Nuestra oficina ha recibido información y también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso".
Y dijo más: "La oficina ha recibido información sobre estas prácticas con base en perfilamiento racial en aeropuertos, cuando ocurre no se lleva a cabo una información individual, imparcial, independiente, de las necesidades de protección".
Lejos quedaba el recuerdo de la recién estrenada Olga Sánchez Cordero y su flamante subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la línea fronteriza recibiendo a brazos abiertos a los migrantes centroamericanos y a la ahora gobernadora electa de Campeche, Layda Sandores, llevándoles mariachis a la Magdalena Mixhuca.
Hoy, en voz de Fernández-Maldonado se reprocha a México el uso de fuerzas militares en tareas de control migratorio: "prevalece un enfoque que privilegia el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales en tareas de control migratorio, este tipo de respuestas no contribuye a los esfuerzos para garantizar una migración segura".
Por su parte, Esmeralda Arosemena, comisionada relatora de País para México cuestionó en la sesión: "¿Eso está siendo investigado? ¿Tiene el Estado mexicano una identificación de esta situación? Porque de no tenerlo hay un cruce de información entre lo que dice sociedad civil y lo que plantean las instituciones responsables".
Y las autoridades mexicanas allí presentes callaron como momias.
Antes del diluvio, Ruth Villanueva, directora general de Protección al Migrante y Vinculación, del Instituto Nacional de Migración (INM), reconoció que las capacidades administrativas se han visto rebasadas y los trámites retrasados. Nada dijo de la austeridad, por cierto.
Por parte de la sociedad civil, Sofía de Robina, del Centro Prodh, evidenció discrepancias en las cifras oficiales, pues mientras que el INM refiere que la Sedena presentó a 300 personas migrantes, la Sedena refiere más de 156 mil en conjunto con la Guardia Nacional y el INM.
De Rosario Piedra, hasta el momento nada se sabe.
Con Información de Reforma.
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