Los secretos ocultos del Tren Maya y pecados de FONATUR

Twitter: @TrenMayaMX

Por: Redacción

• 28/06/2021

PricewaterhouseCoopers (PWC) cobró al Fondeo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), tan solo en 2019, 32 millones de pesos por una Asesoría Económico Financiera sobre el proyecto presidencial llamado Tren Maya.

Hoy se sabe, gracias al trabajo de Carlos Carabaña en El Universal, que FONATUR ocultó información crítica relacionada con el trazo de la línea ferroviaria, posibles demandas en contra del proyecto y riesgos constructivos, de suerte de evitar ralentizar las obras y acelerar las licitaciones o asignaciones directas de las mismas.

Documentos diversos y borradores entregados por FONATUR a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a lo largo del año 2019, omiten datos y secciones completas del Análisis Costo Beneficio en el que se sustentó la autorización del proyecto.

De las casi siete mil 500 páginas que PWC entregó a FONATUR, fueron suprimidas diferentes críticas y precisiones de los informes finales, mientras los retrasos en la obra se acumulaban. López Obrador ha anunciado la entrega del Tren Maya para finales de 2023 y ha urgido en repetidas ocasiones a las empresas encargadas de su construcción para acelerar las obras.

Lo que pretende ser una de las magnas obras de la “Transformación” consta de mil 500 kilómetros de trazo a lo largo y ancho de la península de Yucatán, sobre los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Sus ejes económicos atienden aspectos de turismo, transporte local y de mercancías.

A lo largo de su trazo se desmantelan 726 kilómetros de vías existentes, mismo que se reconstruyen para el Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec. Muchas de ellas datan del Porfirismo. El resto serán vías totalmente nuevas.

Los dos tramos más complejos, sin vías construidas y sobre las Reservas de la Biosfera de Calkmul, Campeche, y Sian Ka’an, QuintanaRoo, están a cargo del Ejército, reinventado en contratista constructor.

El proyecto no ha estado exento de críticas, ni retruécanos legislativos para acelerar plazos; se señalan siempre sus beneficios del proyecto pero nunca sus riesgos.

Ya en diciembre de 2019, EL UNIVERSAL publicó testimonios recogidos a lo largo de la ruta que daban cuenta de la falta de información para poder tomar una decisión en la consulta celebrada ese mes en las comunidades indígenas para aprobar el Tren Maya. Esto fue confirmado por la División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que dijo que la votación no cumplió con los estándares internacionales y que solo se informó de los beneficios y no de los posibles impactos negativos.

Antes de ello, el propio UNIVERSAL, documentó en septiembre del 19 la invitación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a más de 30 investigadores a conformar un grupo de expertos con miras a estudiar las afectaciones y publicitar un análisis de ellas antes de las consultas a las comunidades indígenas. Pero la publicación fue detenida hasta que las denuncias de su ocultamiento ya no pudieron evitarlo.

Ya en junio de 2020, nuevamente El Universal demostró que FONATUR decidió desnaturalizar la legislación ambiental contra el consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales, de suerte de poder iniciar la construcción sin contar aún con la obligatoria Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Y así iniciaron. La MIA para los primeros tres tramos del Tren Maya fue aprobada hasta el 30 de noviembre de 2020, cuando ya las obras llevaban meses de avance.

Los expertos y asociaciones han criticado, entre otros aspectos, que la MIA no contempla son los llamados polos de desarrollo a lo largo de la ruta. Cinco estudios encargados por FONATUR y publicados por El Universal enlistan algunos de sus peligros potenciales: problemas ambientales, traer un desarrollo urbano desordenado, acrecentar un turismo depredador y convertir ejidos en hoteles.

Por respuesta, expertos y organizaciones ambientalistas han sido amedrentadas y criminalizados, tanto por parte de FONATUR como por el propio presidente. A los vecinos de barrios históricos y nuevos al lado de la vía se les ha tachado de invasores y aprovechados, y a las organizaciones sociales y ambientalistas de traidores a la patria. Incluso se les acusa de estar siendo financiados por los Estados Unidos para atacar el proyecto.

Investigaciones de El Universal han analizado los documentos de la ingeniería básica del proyecto y encontrado que el 40% del derecho de vía está ocupado por construcciones y familias de las que, se dice, prefieren el eufemismo “relocalización consensuada” en lugar de "desalojo forzoso”.

También se ha documentado que algunos juzgados huyen de los amparos contra el proyecto, teniendo que ser obligados por tribunales colegiados a admitir recursos contra el megaproyecto, mientras los ciudadanos amparados se sienten criminalizados desde el poder ejecutivo.

Pero nada detiene las obras presidenciales que avanzan contra viento y marea. Como alguna vez pasó con la Línea 12.

Con información de Carlos Carabaña en El Universal.


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