Violencia política, 7º Informe Tellekt

Pendiente

Por: Redacción

• 22/06/2021

Y seguimos con la violencia política. La Consultora Etellekt publica hoy su Séptimo Informe en México 2021 sobre ella.

Concluidas que fueron las elecciones, los delitos globales —léase agresiones— en contra de personas políticas sumaron mil 66. De ellas, 102 fueron víctimas de homicidio doloso, y de éstas, 36 eran aspirantes o candidatos a cargo de elección popular.

Todos los 32 estados registraron violencia en sus territorios, la cual cubrió 576 municipios y, dentro de ellos, 29 ciudades capitales.

Con relación al proceso electoral 2017-2018, los asesinatos fueron menores, pero las agresiones en total estuvieron 38% por arriba.

Lo que marca, sin embargo, a estas elecciones es que la violencia se centró mayoritariamente sobre políticos y candidatos opositores a los gobiernos estatales (75% de los casos), pero no menos importante es que igual es el porcentaje sobre violencia a aspirantes y candidatos a cargos de elección popular opositores al signo partidista de los gobiernos de los municipios en los que compitieron.

Otro dato relevante es que el blindaje anunciado por las autoridades federales incidió poco en desincentivar la violencia, al centrarse en candidatos a diputados federales y gobernadores, sin evaluar en sus méritos los riesgos de violencia en otros niveles para adoptar medidas preventivas en esos ámbitos, mismo que quedaron a la intemperie delictiva.

Por su parte, las autoridades estatales operaron estrategias reactivas, cuando las hubo. La omisión fue el signo de su presencia en estos comicios.

Lo peor llega con las autoridades investigadoras a nivel estatal, donde las fiscalías muestran poca voluntad y avances en esclarecer los crímenes que, con el transcurrir del tiempo, corren la suerte de perderse en el olvido.

En el ámbito federal, si bien la autoridad sí atendió denuncias de candidatos, la desafortunada actuación del titular del poder Ejecutivo federal invadiendo esferas de competencia estatal y señalando avances no soportados por información fiable. Por sobre ello, en no pocas ocasiones el presidente imputó delitos al crimen organizado prejuzgando sobre los hechos y, en otras, criminalizó a las víctimas.

Poco ayudaron al clima de seguridad y democracia sus intervenciones.

Al prejuzgar presuntas responsabilidades, el presidente obstruyó la justicia, al descartar otros móviles en la averiguación, por cierto, a cargo de una entidad autónoma, incluida, por sobre todo, la posible motivación política.

Y el hecho es que tras de las declaraciones presidenciales y al margen de ellas, las investigaciones ministeriales no acusan avances significativos que permitan, no sólo castigar a sus actores materiales e intelectuales, sino, y principalmente, dilucidar si la violencia tuvo intención electoral.

De hoy en adelante la constante será lo riesgoso de una candidatura y los altos índices de impunidad en delitos contra políticos en un circuito perverso que expulsa de los espacios electorales a personas que puedan representar un riesgo para el crimen organizado, violando sus derechos humanos y, entre ellos, los políticos. La violencia, además, se da también para alejar de las urnas a los ciudadanos, es decir, en contra del voto a votar y ser votado.

Ahora bien, ¿qué se puede esperar de gobiernos probablemente auspiciados por el crimen? Lo más seguro es que actúen al margen del Estado de Derecho.


Ver Hallazgos sobre el Estado de Derecho México 2020-2021


Y como correlato a la violencia y corrupción como instrumentos para acceder y ejercer el poder, solo mayores índices de inseguridad y violencia en todos los ámbitos del acontecer nacional.

Todo ello se confirma con la reciente intervención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la 47 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien, con base en los datos de Etellekt, alertó sobre el alto nivel de violencia política en México a raíz de las elecciones, solicitando al Estado mexicano "asegurar la rendición de cuentas por estos actos y garantizar que no se repetirán”.

Y qué decir de la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de Estados Americanos (OEA), urgiendo a las autoridades mexicanas a iniciar un diálogo de forma inmediata para poner fin a la violencia política en el país.

El trabajo, es bien sabido, corresponde a todos, sin excepción. Con independencia de los actores políticos, corresponde a nosotros los ciudadanos demandar elecciones pacíficas, investigación y castigo a la violencia política, e impedir que el crimen se enmascare en elecciones.

Por ello Etellekt lanza una nueva iniciativa, transfiriendo el proyecto Indicador de Violencia Política a la sociedad civil, a través de Etellekt, Investigación y Desarrollo (Etellekt ID), que contribuya a una agenda más amplía y comprometida con el fortalecimiento institucional de organismos democráticos y en defensa de los Derechos Humanos de las y los mexicanos.


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