'Hallazgos', se llama el estudio. Acción y efecto de hallar: dar con alguien o algo que se busca. ¿Y qué se busca? La circunstancia del Estado de Derecho en México en los años 2020 y 2021.

Estado de Derecho, concepto tan llevado y traído que termina por ya nada decir. Pero rescatemos su origen para, al menos, tener un norte de los que estamos hablando: Estado de Derecho es someter el poder a la ley. Que quien manda en la relación mando obediencia, lo haga conforme a normas.

El Derecho, dice una máxima, o es derecho o no es Derecho. ¿Qué tan derechas son nuestras entidades federativas?

De eso tratan, los Hallazgos en el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, los cuales nos brindan información sobre cómo es el mando de quienes mandan en las 32 entidades federativas y qué tan apegados están al derecho, entendido éste no como aquél que les asiste, sino el que los obliga: nuestros derechos.

El estudio es de World Justice Project (WJP) y presenta Resultados destacados y tendencias. Adentrémonos pues al tema.

Ya hace una década, el WJP levanta encuestas en 120 países sobre las diferentes dimensiones del Estado De derecho entre población abierta y especialistas en el tema. El resultado nos lo expresa en un panorama completo de las tendencias dominantes y las fortalezas y debilidades institucionales.

Este reporte es el tercero del único índice subnacional de WJP en el mundo y mide la adhesión al Estado de Derecho en las 32 entidades federativas de esto que llamamos México.

El panorama de sus mediciones abarca ocho grandes temas:

Límites del poder gubernamental
Ausencia de corrupción
Gobierno abierto
Derechos fundamentales
Orden y seguridad
Cumplimiento regulatorio
Justicia civil
Justicia penal

Los hallazgos que presenta el WJP reflejan las experiencias y perspectivas de más de 25 mil personas en todo el país, así como de más de 2 mil 300 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, entrevistados entre julio y octubre de 2020, a lo que se suman los resultados de multiplicidad de encuestas y bases de datos de instituciones reconocidas en estos temas.

Los hallazgos 2020-2021 muestran “un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición”.

La pandemia COVID-19 y las medidas sanitarias correspondientes implicaron disrupciones en el funcionamiento de las instituciones de gobierno. En la mayoría de los estados, las instituciones de procuración e impartición de justicia tuvieron caídas apreciables en los indicadores de justicia penal. Igual se aprecia en libertad de prensa y reducción de espacios cívicos (ámbito ciudadano).

La seguridad pública sigue siendo el gran reto, pero el confinamiento ayudo a paliar las tasas de incidencia y prevalencia delictiva. A nivel entidad, los estados con mayor puntaje en Estado de Derecho son Yucatán, Coahuila y Campeche. Los de menor calificación: Quintana Roo, Puebla y Morelos.

Medidos contra sí mismos, acusan modesta mejoría: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Y muestran descenso contra su situación inmediata anterior (2019-2020): Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. Finalmente, conservan su situación: Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla.

Por otro lado, cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales del Índice de Estado de Derecho en México, en las tres ediciones que han sido publicadas desde 2018: Baja California Sur, Guerrero, Sonora, y Nayarit.

El reto mayúsculo del Estado de Derecho durante la pandemia fue el sistema de justicia penal. En 16 estados cayeron sus mediciones: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, principalmente en los ámbitos de eficiencia y eficacia en la procuración e impartición de justicia, que mide el debido proceso, presunción de inocencia, igualdad y ausencia de discriminación, trato digno, defensa adecuada y acceso a juicio público ante juez competente e imparcial.

Los datos muestran que los sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos.

“La mayoría de los órganos jurisdiccionales suspendieron actividades, no obstante ser una actividad catalogada como esencial por las autoridades sanitarias”. Tan solo en la cifra que mide “los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó 92.4% a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.

Importantes son también las cifras que miden tasa de homicidios, percepción de seguridad, ausencia de corrupción en policías y fuerzas de seguridad.

Por último, alarman los datos que acreditan un severo debilitamiento en la libertad de prensa y contracción del espacio ciudadano. No obstante ello, y de allí lo perturbador del caso, fueron la sociedad civil y la prensa los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal por tercer año consecutivo, por encima de los poderes legislativo y judicial, los organismos de fiscalización y control y las comisiones de Derechos Humanos.

La presentación es de fácil lectura, sus gráficas son de gran sencillez y pedagogía y sus datos de vital importancia.

La publicación completa la puedes hallar en Hallazgos México WJP 2020-2021.

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