Cuando salen a la luz, pocos son los temas que tienen un calado tan hondo en las comunidades como lo es la explotación sexual de niñas y niños. Lamentablemente, esta semana se dio a conocer que en México siete entidades federativas reportan patrones de violencia sexual extrema y, lo que es peor, ocurren en los centros de estudios de los menores.

Es la Oficina de la Defensorí­a de los Derechos de la Infancia (ODI) A. C. la que revela a través de su estudio "Es un secreto: la explotación sexual infantil en escuelas" que 18 colegios públicos y privados de los estados de México (2), Oaxaca (2), San Luis Potosí­ (1), Morelos (2), Baja California (1), Jalisco (4) y la Ciudad de México (6) tienen en su haber casos documentados de explotación sexual contra niñas y niños.

De acuerdo con el informe, la edad de las ví­ctimas oscila entre los 3 y 7 años, estudiantes de 18 escuelas, cifra emanada tras la discriminación a conciencia de al menos 37 planteles.

A manera de contexto, el informe revela que el origen de su investigación no sólo fue local, pues los llevó a indagar casos documentados por agencias y organismos internacionales como Interpol, End Violence y Homeland Security. De ellos les llamó la atención lo sucedido en Israel, donde se reportaron aproximadamente 200 casos de abuso a niñas y niños en colegios ortodoxos de la capital israelí­. Por la naturaleza perversa y modus operandi de los abusos, la ODI identificó un mismo patrón delictivo con los casos en México.

La ODI indica que la primera vez que la entonces Procuradurí­a General de la República acudió a ellos fue en 2011, situando los hechos en la alcaldí­a de Iztapalapa, Ciudad de México. En ese entonces, se habí­a producido y denunciado una ola de ataques sexuales en la escuela preescolar pública Andrés Oscoy; las más de 30 ví­ctimas no pasaban de los 5 años de edad.

Cabe señalar que México ha ocupado por más de 10 años el nada honroso primer lugar a nivel mundial en producción de pornografí­a infantil. Asimismo, se estima que la cifra de menores ví­ctimas de algún tipo de violencia sexual (desde difusión y exposición de imágenes hasta actos directos) rebasa las 270 mil en el paí­s.

Mención aparte merecen las secuelas psicológicas que arrastran consigo los menores. Tan sólo por lo sucedido en la escuela Andrés Oscoy, ODI reporta que algunas de las ví­ctimas desarrollaron y manifestaron actitudes violentas —un caso en particular amenazó a su madre con un arma blanca—; otras comenzaron a sufrir cuadros disociativos severos y algunos más llegaron a repetir las agresiones sexuales que padecieron en contra de hermanas y hermanos más pequeños.

En el caso de la "Escuela B" —mismo que detallaremos más adelante— los menores desarrollaron una aversión extrema a lugares como el baño, lo que les generaba ataques de pánico y llanto continuo.

Muchos niños y niñas sentí­an un horror particular al ir al baño, por lo que se llegó al grado de instalarles bacinicas y cubetas en salas y pasillos.

También hubo casos que llevaron a trastornos alimenticios graves, aislamiento, depresión e ideas suicidas. Otros generaron una sensación constante de asco hacia su propia persona; decí­an sentirse sucios todo el tiempo y sentir que algo habitaba dentro de su espalda.

El informe de la ODI relata que estos casos sobrepasan los tipos de violencia sexual más graves contra menores documentados con "normalidad", pues sus caracterí­sticas son cruentas y sádicas. Narra además que la sistematización de los delitos podrí­a indicar la existencia de una red de explotación a través de internet que involucra escuelas por completo.

"(…) hemos logrado identificar patrones delictivos que indican la posibilidad de que numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en lí­nea", asegura ODI.

La Escuela "B"

En 2018, la Oficina de Defensorí­a de los Derechos de la Infancia reportó otros casos de explotación sexual infantil masivos en una escuela de la Ciudad de México: 49 casos. Por tratarse de una investigación activa, la ODI evitó la mención explí­cita del plantel, así­ que optó por llamarle "Escuela B".

Se trató de ví­ctimas entre 3 y 4 años de edad. En el documento se leen acusaciones crudas y difí­ciles de asimilar, no porque no fuesen reales, sino porque las descripciones, macabras, crueles y tristes en su naturaleza, no podí­an ser material de la elucubración infantil.

Los infantes describieron, entre otras aberraciones, haber sido sustraí­dos de los colegios en condiciones de inconsciencia (sedados y drogados) y ser amenazados para asegurar su silencio. Aseguraron además que cuando acudí­an con otros profesores o profesoras por auxilio y para contarles lo sucedido, éstos daban respuestas vagas e inclusive los amenazaban.

Uno de los amagos más comunes era decirle al menor que si hablaba asesinarí­an a sus padres, dándoles detalles gráficos para generarles mayor temor. ODI recopila algunos casos preocupantes, pero resalta uno donde a una ví­ctima le dijeron que enterrarí­an a su madre en un arenero.

Sin embargo, la cúspide del crimen y la barbarie se llevó a cabo en forma de violencia sádica y brutal: rituales, escenas con intenciones histriónicas pero degradantes, golpes e insultos, uso de desechos fecales y orina, ahorcamientos; todo ello en contubernio y total impunidad.

La crueldad y maldad tras estas acciones sólo se habrí­an multiplicado con el paso de los años. Los responsables van desde los propios maestros hasta directivos, pasando por personal administrativo y de intendencia. Algunos abusos, según detalla el documento, son realizados de manera conjunta y con el agravio de ser grabados y fotografiados para fines pornográficos.

Englobando la investigación de ODI, de los 18 planteles donde se hallaron indicios de agresión sexual se identificaron los siguientes comportamientos en común:

- En 13 escuelas se agredió a las ví­ctimas de forma grupal.
- En 16 escuelas se reportan más de un adulto presente durante el abuso.
- En 17 escuelas hubo encubrimiento.
- En 10 escuelas hay adultos que facilitan el abuso hacia los menores.
- En 14 escuelas hubo uso de cámaras.
- En 4 escuelas hubo indicios de sedación.
- En 16 escuelas hubo prácticas aberrantes.
- En 4 escuelas se describió el uso de disfraces.

Hallazgos dolorosos; más preguntas que respuestas

El texto prosigue enunciando una serie de circunstancias alarmantes, mismas que a modo de parafraseo detallamos a continuación:

- Las escuelas carecen de supervisión efectiva: la cotidianidad y frecuencia con la que eran abusados los menores deja ver una ausencia total de supervisión, sino es que completo dolo por parte de las autoridades educativas.
- Se omití­an las denuncias: las autoridades escolares evitan como primera respuesta ante indicios de violencia sexual la denuncia a las autoridades, lo que es una afrenta al interés superior de la niñez. Además, el estudio de ODI señala que la práctica institucionalizada por parte de la SEP de proceder con una indagatoria interna ante denuncias y acusaciones por delitos graves hacen difí­cil ver dónde hay omisión o dónde comienza a encubrirse a posibles culpables.
- Conocimiento e inacción de las autoridades: el informe explica que, pese a tener conocimiento de casos y denuncias, las fiscalí­as locales y federales han sido incapaces de hacerle frente al problema. Señala además que cada caso es investigado de forma individual y sin tomar a consideración el accionar organizado y la maquinación de los violadores.
- Ausencia de protocolos para el testimonio de los infantes: además de no contar con un sistema adecuado que pueda tomar las declaraciones de los infantes, muchos de ellos eran amenazados y sólo expresaban sus temores a través de su comportamiento y lenguaje no verbal.
- Padres de familia carecen de información y desconocen cómo detectar posibles casos de abuso sexual.


Por su parte, la directora de ODI, Margarita Griesbach, ha lamentado el pobre desempeño de las autoridades a pesar de existir un aumento exponencial de denuncias.

Por ejemplo, que en 2019 la Fiscalí­a General de la República (FGR) concluyera con una declaratoria de no ejercicio de acción penal. En este caso en concreto, la ODI y diversos activistas insistieron en su rol de denunciantes, pero la FGR descartó sus impugnaciones por no ser consideradas "ví­ctimas directas" de los agravios.

Esto a su parecer pone en evidencia irregularidades en las investigaciones y en las resoluciones, pues ante hechos alarmantes como la detección de un caso que involucró hasta a 11 violentadores en una sola escuela, no queda sino pensar en el aura de impunidad, desconcierto e indolencia que rodea la situación.

Reivindicar en los hechos el papel de la escuela como espacio seguro

Las escuelas deberí­an ser a todas luces un espacio seguro para los niños y las niñas. Por su función social, es lugar común el considerarlas como un "segundo hogar" para los menores, e incluso como una suerte de "guarderí­a" para aquellos padres que, sin más opción, confí­an la integridad de sus hijos a profesores y directivos mientras laboran. Esa es la situación de millones de personas en México, lo que no abona a combatir o detectar casos como los aquí­ detallados.

"La escuela segura es un derecho individual del niño, niña y adolescente, es un espacio social necesario para el desarrollo laboral y económico del paí­s y es un espacio de cohesión social que nos define como nación."

"Resultarí­a inadmisible permitir la pérdida de confianza en la institución educativa. De manera ineludible, el Estado frente a estos datos la obligación de garantizar la no repetición de estos delitos", expresa el informe.


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