A nueve dí­as de la elección, la violencia electoral se coloca en el corazón de la democracia mexicana. Desde amenazas hasta asesinatos, pasando por crí­menes de género, hostigamiento y levantones, nadie puede negar que la violencia se enseñorea en estas nuestras desastradas tierras.

De las 32 entidades federativas, 31 han sido manchadas por la violencia. Sobre las elecciones, 321 municipios, el 13% del total, reportan eventos de violencia, según un estudio publicado por Etellekt.

Contados a partir del 7 de septiembre pasado y hasta el 26 del presente mayo, suman 724 delitos, a promedio de 25 ¡por dí­a! Con 89 actores polí­ticos inmersos en las elecciones asesinados, de ellos 30 a cargo de presidente municipal.

De los 35 candidatos asesinados, el 90% pertenecí­an a partidos opositores a los gobiernos municipales en ejercicio

Apenas el jueves, en su mañanera, el presidente López Obrador llamó a respetar candidatos y no violentarlos, cuando ya sumaban 89 polí­ticos asesinados en este proceso electoral. De estos 89, 35 eran candidatos a un cargo en disputa. Ante ello, el presidente, acusó amarillismo en los medios de comunicación al hacer un escándalo de algo que no sabemos bien de que otra manera llamarlo.

Conforme el Indicador de Violencia Polí­tica en México, de la autorí­a de Etellekt, las agresiones contra polí­ticos, aspirantes y candidatos para finales de abril abarcaban 31 entidades y 321 ayuntamientos.

Recordando el 2018, la violencia alcanzó 172 asesinatos, 133 ví­ctimas, mientras que en 2015 sumaron 61 asesinados, contra 89 en estas elecciones al 26 de mayo.

Rubén Salazar, Director de Etellekt, en entrevista con El Universal, encuentra que hoy los candidatos y aspirantes han sido más vulnerables. 30 de 35 candidatos asesinados competí­an por ayuntamientos y de ellos el 90% eran opositores al partido que hoy presiden dichos municipios. Es de deducirse que dichos cargos se han convertido en algunas zonas en estratégicos y productivos, a grado tal de dirimirlos a balazos.

Cuando se habla de polí­ticos en general y no sólo de candidatos, el resultado arroja 89 asesinatos; 75% de ellos opositores a sus respectivos gobiernos locales.

Así­, de los 89 polí­ticos asesinados, 15 son del PRI, 14 de Morena, 12 del PAN, 12 del PRD y 9 del Verde Ecologista.

Estos delitos son del fuero común, es decir, corresponde a los estados, no a la federación, investigarlos. Luego entonces, pregunta Salazar: "¿Podemos esperar que se investigue a fondo, cuando son la mayorí­a de las ví­ctimas opositoras?" Por ello, sostiene que la Fiscalí­a General de la República debiera atraer dichos casos a riesgo de que se pierdan en la nada y su impunidad termine por establecer un patrón difí­cil de revertir.

Un dato interesante y que Salazar sostiene es que, no por ser polí­ticos las ví­ctimas, el móvil lo tenga que ser; así­, sólo en cuatro casos de los 35 candidatos asesinados se presume presunta responsabilidad de delincuencia organizada; en otros dos casos el móvil fue asalto, uno por cuestiones personales; y se registra, además, un feminicidio, es decir, un crimen por género.

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Es importante señalar que Salazar considera que "el discurso hostil y una retórica violenta" en voz del primer mandatario, abona a este clima de violencia polí­tica. La narrativa presidencial "ha permeado en otros gobernadores, en otros alcaldes que están haciendo lo mismo y ha permeado en la oposición, que reacciona de la misma forma. Hay una retórica violenta de unos y otros, es natural", concluye.

Resalta en tal circunstancia el lenguaje y tono difundido esta semana de una conversación telefónica de la morenista Gabriela Gamboa, Presidenta Municipal de Metepec, Estado de México, donde se le oye amenazar a un contrincante con hacerle daño a su hija. Este lenguaje puede derivarse a sus simpatizantes e incrementar el circuito de violencia que se reporta.

"No quisiera pensar —comparte Rubén Salazar su preocupación— que eso sea lo que busca el Presidente para cuando algún resultado de alguna gubernatura o de la Cámara (de Diputados) no le favorezca"; lo que, además, se compagina y potencia con los ataques sistemáticos a las autoridades electorales desde sitiales de poder.

No hay que perder de vista que Etellekt remonta su base histórica sobre violencia polí­tica al 2008 y la hizo pública a partir del 2018, desde entonces es un referente confiable y altamente buscado.

La violencia, sostiene la consultora, "representa un caldo de cultivo para la construcción de autoritarismos en todos los niveles de gobierno, que limitan nuestras libertades y extinguen por completo la convivencia democrática entre quienes son gobierno y quienes aspiran a serlo".

El desenvolvimiento de la vida democrática y polí­tica se ve obstaculizado desde el poder cuando éste desacredita a todo aquel que no piense igual que él, concluye el reporte presentado.

Con información de El Universal.


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