A diferencia del presidente del Senado, el morenista, Eduardo Ramí­rez Aguilar, quien dijo en entrevista radiofónica con Loret de Mola no prestarse a una situación polí­tica electoral y, en consecuencia, declarar que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, sí­ tiene fuero y que no hay en su contra orden de aprehensión alguna girada, su compañero de partido, lí­der de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Polí­tica (JUCOPO), Ignacio Mier Velazco, mismo que se declaró humanista y no leguleyo, por lo que, dijo, está por la justicia aunque ello implique desacatar las leyes, ayer solicitó formalmente a la presidenta del pleno en San Lázaro, Dulce Marí­a Sauri, interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del Congreso de Tamaulipas por desacatar la resolución de desafuero del mandatario estatal.

Como se sabe, la Fiscalí­a General de la República (FGR) presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 23 de febrero una solicitud de declaración de procedencia, mejor conocido como desafuero, en contra del gobernador Garcí­a Cabeza de Vaca por una variedad considerable de delitos, a ello se sumó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, Santiago Nieto, con un amplí­simo catalogo de delitos.

No fue sino hasta el 30 de abril que el pleno de la Cámara Baja, por medio de la mayorí­a de Morena y partidos afines, aprobó retirarle el fuero constitucional al mandatario tamaulipeco, sólo por un delito, el de defraudación fiscal equiparada, por el supuesto no pago del 50% de impuestos por la venta de un departamento en la Ciudad de México.

Ese mismo dí­a, el Congreso del Estado, en ejercicio de sus facultades constitucionales conferidas por la Constitución general de la República, rechazó homologar el desafuero dictado por la Cámara Federal.

Además, el Congreso local interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por intentar que el Congreso de Tamaulipas simple y llanamente aplicará el desafuero.

Dicha controversia constitucional fue desechada por la SCJN, alegando que el Congreso sí­ ejerció sus facultades constitucionales, por lo que no hubo violación alguna de la cual pudiera quejarse, pero el ministro ponente, Juan Luis Gonzáles Alcántara Carrancá, asentó también que en consecuencia quedaba firme la resolución de dicho Congreso: Cabeza de Vaca gozaba entonces de fuero constitucional y no podrí­a ser llevado ante la justicia, en su caso, sino hasta que concluyera su gubernatura en 2022.

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Ante ello, ayer viernes circuló entre los diputados morenistas un borrador de controversia del que dio cuenta ayer por la noche El Heraldo, y por la cual solicitan que la SCJN suspenda, primero, el acuerdo de la legislatura de Tamaulipas y declare procedente el desafuero del gobernador; y segundo, declare su invalidez: "El citado Congreso Estatal -se lee en el borrador- indebidamente aprobó el Punto de Acuerdo Nº LXIV-267, mediante el cual se declara que no procede la homologación de la Declaratoria de Procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Gobernador del Estado de Tamaulipas."

El Diputado Mier Velazco turnó, en consecuencia, ayer a las tres de la tarde, solicitud a la Mesa Directiva del pleno de la Cámara, donde recae la representación de dicho órgano colegiado, para que proceda a presentar la controversia constitucional, toda vez, argumentó el legislador Mier, el acuerdo que se combate "constituye una contradicción a la resolución definitiva e inatacable aprobada por el Pleno de la Cámara (…) por lo que es menester defender los intereses de esta Cámara de Diputados mediante la interposición de una demanda de Controversia Constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas".

En el proyecto se aduce "que la declaración de procedencia es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión" y que al Congreso de Tamaulipas sólo le tocaba acatar la declaratoria y proceder "como corresponda", lo cual interpretan los morenistas "significa dejar al funcionario en aptitud de ser juzgado penalmente por delitos federales y que la legislatura local proceda a determinar su separación del cargo y que a nombre un gobernador sustituto".

El proyecto y solicitud de presentación a la Mesa Directiva podrí­a ser desatendido por esta y no faltarí­an razones para hacerlo, toda vez que éste no se hace cargo que el Acuerdo del Congreso de Tamaulipas ya fue objeto de una resolución de la Corte que expresamente señala que es constitucional y está firme.

En algún momento se habló de algún recursos procesal por parte de la FGR en combate a esta resolución del ministro González Alcántara, pero la Fiscalí­a carece de legitimidad procesal para combatirlo, de suerte que hoy los morenistas desde la Cámara de Diputados lo hacen sin mencionarlo, es decir, buscando dejar sin efectos un acuerdo del Congreso de Tamaulipas ignorando que sobre él ya existe un pronunciamiento jurisdiccional y que al combatirlo en realidad es a dicho resolutivo al que combaten.

Con información de El Heraldo y El Universal.

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