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En días pasados, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió devolver al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la posibilidad de emitir lineamientos para proteger los derechos de las audiencias.
La sentencia ha sido catalogada como un ataque directo a libertad de expresión y a los derechos de las audiencias, por lo que se busca impedir que el IFT reviva los lineamientos del 2016, que atentan contra la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los más elementales principios de libertad de expresión, los cuales ya no pueden operar dado el cambio del marco normativo del 2017.
Diferentes organizaciones han manifestado opiniones encontradas, tal es el caso de Observatel, quien opinó que la Corte actuó de forma correcta y lo único que habría que observar es que el IFT emita lineamientos que no vulneren la libertad de expresión.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) consideró que esta decisión vulnera a varios concesionarios del país, además de que busca impedir que el Instituto emita lineamientos que quieran controlar la libertad de expresión y contenidos.
En ese sentido, la CIRT anunció esta semana que impugnará la sentencia ante instancias internacionales, pues la considera "un grave retroceso" que viola la Constitución y que propicia la censura.
"(…) configura un modelo de censura, suprime la autorregulación y se viola flagrantemente la Constitución, por lo que se hace un llamado al trabajo jurídico conjunto para que a través de las instituciones del Estado se corrijan los excesos y riesgos del fallo judicial".
La CIRT también amagó con tramitar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, así como acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe señalar que desde la Presidencia de la República constantemente se habla del contenido de los medios y de la supuesta desinformación que existe para presionar a varios medios de comunicación, tanto impresos como radio y TV, por lo que esta reforma, calificada ya por algunos expertos y comunicadores como una "nueva Ley Mordaza", significa replantear la necesidad de velar por el equilibrio de la responsabilidad de los Códigos de ética entre el IFT y los radiodifusores, garantizando a su vez el acceso a la información y defendiendo la libertad de expresión.
Con información de Animal Político y Reforma.
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